VALÈNCIA. El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana seguirá en prisión pese a los intentos de su letrado, Santiago Milans, de conseguir su libertad. La magistrada instructora del caso ha dictado que Zaplana siga encarcelado pese a la segunda petición de su defensa de que se le decrete arresto domiciliario por razones humanitarias, pues padece una leucemia y, según el letrado, está inmunodeprimido.
La juez, entre otros argumentos, utiliza un informe entregado por el fiscal Anticorrupción del caso en el que se acreditaría que la salud del expresident no corre peligro por el hecho de seguir entre rejas.
Según ha podido saber Valencia Plaza, esta vez el letrado de Zaplana no ha solicitado que se le ponga a su defendido una pulsera telemática como las que se utilizan en violencia sobre la mujer. Simplemente, ha pedido que salga de prisión debido a su estado de salud. De hecho, ha utilizado como argumento que hace unos días el exministro tuvo que ser trasladado desde el presidio de Picassent al Hospital La Fe por problemas respiratorios.
Unos problemas que le fueron diagnosticados como bronquitis pero que ni siquiera acarrearon su ingreso hospitalario. Sobre el hecho de las peticiones de excarcelación, las escuchas telefónicas practicadas dentro del operativo policial no ayudan al expresidente, ya que en ellas se puede oír como salía de "fiesta". Para los investigadores si "está bien para salir de fiesta, está bien para estar en la cárcel".
Sin embargo, su defensa no opina lo mismo. El abogado de Zaplana ha insistido sistemáticamente en que su estado de salud es tan precario que su vida corre peligro y, para demostrarlo, aporta el traslado al hospital como base de su pobre estado de salud. Un estado de salud que supone una lucha entre dos bandos, el de su defensa y el de la juez y fiscal que se mantienen firmes en que puede, y debe, seguir encerrado.
Por otro lado, las defensas de Zaplana y del resto de investigados preparan los recursos para el auto en el que la magistrada decretaba el decomiso de sus bienes por una valor de cerca de siete millones de euros. Una jugada de ajedrez jurídico que deja a los imputados en una situación precaria, pues todos los bienes pasan a ser posesión del Estado. Ello implica que en caso de condena, las futuras responsabilidades civiles deberían de abonarse con el resto de bienes y de capital que les quedara a los investigados, lo que los dejaría en una ruina técnica.
La jueza del caso acordó el decomiso de casi siete millones de euros entre efectivo, propiedades inmobiliarias, vehículos y enseres de los diferentes imputados en la causa, entre ellos Zaplana. La jueza utilizó el decomiso en lugar del más habitual embargo de bienes.
En el caso Erial se investigan los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos, delito fiscal y asociación ilícita. Zaplana, y los considerados como principales testaferros del expresidente, Joaquín Barceló y Francisco Grau, son los únicos que ingresaron en prisión provisional sin fianza. El resto de investigados entre los que se encuentran la mujer de Zaplana, su secretaria o el exconseller Juan Cotino y dos de sus sobrinos permanecen como imputados.
La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil rastrean el blanqueo de once millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico, durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat (1995-2002). La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por Juzgado de Instrucción número 8 de València y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones por las que la familia Cotino podría haber pagado en torno a once millones de euros.
Las indagaciones comenzaron cuando Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado 'yonqui del dinero', entregó a la Guardia Civil un manuscrito con el esquema del supuesto movimiento de dinero negro entre sociedades para blanquearlo.