La jueza cita como investigado al director del IVF por un contrato heredado que prorrogó

VALÈNCIA. La titular del juzgado de Instrucción número 17 de València ha citado a declarar como investigados -actual denominación de imputado- al director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, y a su predecesora, Mariona Roger, por la firma de contratos fraccionados para eludir el concurso en el año 2015.

Se trata de contratos de la Agencia de Certificación Electrónica (ACE) de la Generalitat por importe de 250.000 euros que venían siendo adjudicados a dedo mediante contratos menores de menos de 18.000 euros.

Según ha explicado el propio Illueca a Valencia Plaza, en septiembre de 2015, poco después de llegar al cargo, fue advertido por la Sindicatura de Comptes de que esos contratos eran ilegales, por lo que pocos meses después cesó a la subdirectora del organismo, Mar Ibáñez, y puso en marcha las actuaciones para adjudicar el servicio mediante concurso público, adjudicación que no se produjo hasta junio de 2017 debido, según afirma, a la complejidad del procedimiento administrativo, de los pliegos del concurso al ser un trabajo muy específico y a que debía publicarse en el ámbito europeo. 

Según el director del IVF, hay más de 150.000 tarjetas y más de 600.000 certificados digitales activos en todos los ámbitos de la Administración, incluidos servicios sanitarios, educativos, sociales o judiciales. De ahí la prórroga de los contratos irregulares, asegura, ya que "la interrupción del servicio habría ocasionado un grave perjuicio a los usuarios".

El IVF ha explicado en un comunicado que la Agencia de Certificación Electrónica prestaba este servicio con el método de contrataciones mensuales externas al menos desde 2013 y, tras su liquidación e integración en el IVF en 2014, se mantuvo este sistema. El método era la contratación mensual de una asistencia técnica realizada por cuatro técnicos informáticos y una administrativa.

La Sindicatura de Comptes cuestionó este sistema en su informe referido a 2015 al considerar que se trataba de un fraccionamiento de contratos. Como consecuencia de ello, el fiscal lo notificó al juzgado, que abrió diligencias para aclarar esta práctica, motivo por el que ha citado como investigados tanto al actual responsable del IVF como a su predecesora y titular de la entidad en el primer semestre de 2015 con el anterior Consell, Mariona Roger. 

La versión de Illueca

La argumentación que Illueca expondrá a la jueza, según la nota del IVF, es que la situación viene de muy atrás. La prestación de este servicio a través de asistencias técnicas mensuales fue instaurada por el anterior Ejecutivo al menos desde 2013, cuando la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica era un ente independiente. Tras su liquidación e integración en el IVF, en enero de 2014, se mantuvo esta práctica, a pesar de los reparos de la Sindicatura de Comptes.

Illueca "se encontró con esta situación heredada al tomar las riendas del IVF en julio de 2015. En noviembre y tras mantener distintas reuniones con el personal de la Sindicatura de Cuentas, el Instituto decide prescindir de la persona responsable de la contratación en la Agencia de Certificación, se informa al Consejo General de la Entidad y se inicia el procedimiento administrativo pertinente para subsanar la situación", asegura en el comunicado. "Tras la tramitación y culminación de los diferentes procedimientos, que incluyen la elaboración de la memoria justificativa para la contratación del servicio con fecha de 17 de mayo de 2016, el IVF publicó el 14 de febrero pasado los pliegos de condiciones particulares para la licitación de un concurso público abierto que ya está resuelto". 

La licitación, de difusión a nivel europeo, se publicó en el Diario Oficial de la UE el 1 de abril pasado y figuraba además en el Perfil del Contratante del instituto y en la Plataforma de Contratación del Estado. Solo una empresa, Clase 10 –la anterior adjudicataria– presentó oferta, "dada la especificidad del servicio, que hace difícil encontrar proveedores que cumplan con los estándares de calidad requeridos", se justifica en la nota. 

Finalmente, a principios de junio, el IVF adjudicó a esta firma el servicio de asistencia técnica a la Plataforma de Certificación Electrónica por un periodo de un año, prorrogable otro más, por importe anual de 250.000 euros, IVA excluido. 

Detalle del largo proceso

Para justificar el largo proceso de más de año y medio hasta la adjudicación del concurso ha detallado los pasos que se dieron: 

"A la vista de las observaciones contenidas en el informe preliminar de la Sindicatura de Comptes sobre la gestión de la entidad en 2014, remitido al IVF en octubre de 2015, se iniciaron los trabajos para subsanar las citadas irregularidades en el proceso de contratación. Con fecha 12 de noviembre la Agencia de Certificación Electrónica del IVF elabora un borrador de pliego de condiciones técnicas. El 22 de diciembre de 2015, el director Manuel Illueca, a propuesta de la responsable de la gestión económica del IVF, autoriza el “inicio del procedimiento para la contratación del servicio de desarrollo y explotación de la plataforma de certificación electrónica del IVF”. En el documento se insta a la realización de un “concurso abierto, procedimiento abierto” para la contratación de estos servicios. 

Con fecha de 17 de mayo de 2016 se emite la Memoria Justificativa, que es el documento que a efectos internos inicia la contratación de estos servicios y con el que arrancan formalmente los trabajos previos que integran el expediente de contratación y que se han desarrollado a lo largo de varios meses. La tramitación desemboca finalmente en la publicación, el 14 de febrero pasado, de los pliegos de condiciones particulares y, posteriormente, en la certificación de la existencia de crédito y en la resolución de inicio del expediente, firmada por el director general. 

El procedimiento ha gozado de la máxima publicidad al tratarse de un contrato SARA (Sujeto a Regulación Armonizada), lo que, entre otras medidas derivadas de una directiva europea, ha conllevado la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, con el fin de garantizar una verdadera competencia de mercado. De este modo, la licitación ha contado con la máxima transparencia y publicidad".