La jueza archiva el caso de los contratos fraccionados del Instituto Valenciano de Finanzas

VALÈNCIA. La titular del juzgado de Instrucción número 17 de València ha archivado el caso en el que investigaba el fraccionamiento de contratos por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), al no apreciar ningún delito, según ha confirmado a Valencia Plaza el director del IVF, Manuel Illueca. El archivo cuenta con el informe favorable del fiscal, por lo que el caso se puede considerar como definitivamente cerrado.

La jueza abrió diligencias y citó como investigados a Illueca y a a su predecesora, Mariona Roger, por la firma de contratos fraccionados para, presuntamente, eludir el concurso en el año 2015. Se trataba de contratos de la Agencia de Certificación Electrónica (ACE) de la Generalitat por importe de 250.000 euros que venían siendo adjudicados a dedo mediante contratos menores de menos de 18.000 euros.

Según explicó el propio Illueca a Valencia Plaza, en septiembre de 2015, poco después de llegar al cargo, fue advertido por la Sindicatura de Comptes de que esos contratos eran ilegales, por lo que pocos meses después cesó a la subdirectora del organismo, Mar Ibáñez, y puso en marcha las actuaciones para adjudicar el servicio mediante concurso público, adjudicación que no se produjo hasta junio de 2017 debido, según afirma, a la complejidad del procedimiento administrativo, de los pliegos del concurso al ser un trabajo muy específico y a que debía publicarse en el ámbito europeo.

Tras abrirse la investigación penal, el IVF argumentó que la Agencia de Certificación Electrónica prestaba este servicio con el método de contrataciones mensuales externas al menos desde 2013 y, tras su liquidación e integración en el IVF en 2014, se mantuvo este sistema. El método era la contratación mensual de una asistencia técnica realizada por cuatro técnicos informáticos y una administrativa.

La Sindicatura de Comptes cuestionó este sistema en su informe referido a 2015 al considerar que se trataba de un fraccionamiento de contratos. Como consecuencia de ello, el fiscal lo notificó al juzgado, que abrió diligencias para aclarar esta práctica, motivo por el que ha citado como investigados tanto al actual responsable del IVF como a su predecesora y titular de la entidad en el primer semestre de 2015 con el anterior Consell, Mariona Roger. 

La jueza afirma que "no existen elementos de prueba suficientes para considerar cometido el delito de prevaricación administrativa, ya que los investigados actuaban dentro de su propio ámbito de competencia, sin que exista indicio alguno de falsedad en los presupuestos de otras empresas, continuando con las irregularidades por la posibilidad de la paralización o entorpecimiento de actuación de algunas áreas de funcionamiento de la Administración Pública en el ámbito autonómico".