El economista jefe de Robeco analiza el impacto de la crisis constitucional en Cataluña ante la proximidad del uno de octubre (1-O), que apenas se ha dejado sentir sobre la prima de riesgo española
MADRID. Hay una ironía en el referéndum sobre la independencia catalana. Si hubiera un referéndum dentro del marco legal el 1 de octubre, las encuestas de expectativas de voto sugieren que la mayoría de los votantes catalanes rechazaría la llamada a la independencia. Sin embargo, el referéndum anunciado ha sido declarado ilegal al no atenerse a la legalidad constitucional vigente. Por ejemplo, el ayuntamiento de Barcelona no implicará a su personal en la votación debido a los riesgos legales que asumirían. En cualquier caso, el referéndum parece estar abocado a ser un fiasco.
En estas condiciones podría resultar fácilmente en una mayoría que favorezca la secesión, ya que, la gran parte de votantes en contra de la secesión preferirán no participar. El parlamento catalán ha afirmado que realizará su declaración de independencia dentro de las 48 horas posteriores a la votación, si se produce un voto afirmativo a sus tesis.
No existirá un requisito mínimo de participación para que el resultado sea vinculante. Sin embargo, los tribunales dictaminarán que el voto no tiene base legal y las dudas sobre la legitimidad de la votación serán obvias. En definitiva, la posibilidad de un divorcio, al estilo de la República Checa y Eslovaquia, todavía está muy lejos.
El diferencial de la rentabilidad a diez años entre España y Alemania se ha ampliado escasamente como consecuencia del reciente aumento de la turbulencia política, alrededor de 100 a 120 puntos básicos. Con un crecimiento económico estable que esta en torno al 3%, no hay mucho que preocuparse por la sostenibilidad de la deuda española, a pesar de que la deuda pública bruta esta relativamente alta, cercana al 100% del PIB.
España está en la senda correcta para reducir su déficit público del 4,5% en 2016 al 3,1% en 2017, alcanzando finalmente el umbral europeo del 3%. Por otra parte, el mercado de bonos ha permanecido hasta ahora poco impresionado por la escalada de la crisis constitucional española, argumento este de cierta precaución, en mi opinión.
Léon Cornelissen es economista jefe de Robeco