Ana Barceló, consellera de Sanidad. Foto: GVAVALÈNCIA. La crisis mundial del coronavirus ha destapado una verdad extremadamente dolorosa, y es que las personas de edad avanzada son las que peor lo están pasando debido al alto índice de mortalidad que tiene el virus entre ellas. Son los más vulnerables de la sociedad y los que mayor peligro corren. Un claro ejemplo de ello es la brutal crisis desatada en algunas residencias de mayores donde el virus se está cebando con los ancianos.
Muchas son las voces que se han alzado a lo largo del territorio nacional para pedir un mayor control sanitario en estos centros. Con el estado de alarma y con el alto nivel de contagio del virus, las residencias con personas afectadas se cerraron a cal y canto. Nadie, salvo los trabajadores y las personas enviadas por Sanidad, puede entrar. Ha habido denuncias de todo tipo desde hace más de un mes por toda España por motivos que van desde la falta de material de protección y de test o la poca transparencia al hecho de que no se estuviera ingresando a muchos mayores en los hospitales. Morían y siguen muriendo dentro de las residencias, donde aunque se hayan 'medicalizado' no hay UCI, respiradores y, a veces, ni siquiera aspiradores para aliviar los ahogos.
Tras la envío del Ejército por parte del Gobierno para ayudar en la desinfección y el descubrimiento de situaciones dantescas en algunos lugares de España, la Fiscalía General del Estado, Dolores Delgado, ordenó a todas las fiscalías territoriales investigar la situación de las residencias.
La Fiscalía de la Comunitat Valenciana cogió el toro por los cuernos desde el primer día ejerciendo un férreo control sobre los centros y, sobre todo, de la actuación de la Conselleria de Sanidad. Un control que ha evitado un drama humano como el que se ha visto en otras comunidades como Madrid o Cataluña. La fiscal responsable del área de Civil de València y coordinadora de toda la Comunitat, Ana Lanuza, lo tuvo claro desde el primer día de pandemia: los mayores eran la prioridad y había que protegerlos a toda costa.
Una de las primeras medidas que se adoptó desde la Fiscalía de la Comunitat fue enviar oficios a todas y cada una de las residencias que hay en Castellón, Valencia y Alicante, explicando qué debían hacer y solicitando información. Al principio, según cuenta la propia Lanuza, "se asustaron un poco", pero las llamadas diarias desde las tres fiscalías y la cercanía mostrada han llevado a una simbiosis perfecta entre las residencias y el Ministerio Público.
Tanto es así, que finalmente la Fiscalía, para evitar sobrecargar a los centros, le pide la información a Sanidad directamente, hecho que el presidente de la patronal de residencias privadas (Aerte), José María Toro, agradece a Lanuza. Toro explica que la fiscal "vio que lo estábamos haciendo bien y que quien tiene la responsabilidad sobre la salud de los pacientes es Sanidad, y por eso ahora le piden los datos a ellos".
La Conselleria de Sanidad, por su parte, intervino el 19 de marzo todas las residencias en las que hubiera pacientes positivos. Según los datos de este viernes, las residencias bajo vigilancia activa sanitaria son 29, 16 en la provincia de Castellón, siete en la de Alicante y 14 en la de Valencia.
Poco después de conocer la situación de las residencias concluyó que no se observaba ningún tipo de responsabilidad en la forma de actuar de las residencias. "Están haciendo mucho con muy poco y, encima, se les está cuestionando su actuación en muchos lugares", lamentó.
La otra medida estratégica que se ha adoptado, es la de abrir Diligencias Preprocesales Civiles (DPC) en todas las residencias de ancianos en las que el número de residentes fallecidos supera las diez personas. Las DPC sirven para averiguar los hechos ocurridos en cada residencia, obtener la mayor información posible, adoptar las medidas necesarias y, en caso de observarse algún posible delito, abrir unas Diligencias de Investigación Penal.
El control es tal, que en toda la crisis solo se han abierto unas Diligencias de Investigación Penal en un residencia de la provincia de Valencia que, posteriormente y al comprobar que no había nada punible, fueron archivadas. Lanuza tiene claro que las residencias son responsables de sus usuarios, pero que en la cuestión sanitaria es la Conselleria de Sanidad la que es totalmente responsable de aquellos ancianos que que están enfermos de Covid-19. Y es la conselleria la que debe trasladarlos a los hospitales si considera que su situación es grave.
La consellera Ana Barceló insistía este viernes, nuevamente a preguntas de los periodistas, en que no se está abandonando a los mayores enfermos. Según dijo, se trasladan a hospitales cuando los criterios clínicos así lo determinan, ya sea por agravamiento de su infección de coronavirus o de cualquier patologías. Y añadió que en otros casos los médicos dictaminan que sigan aislados en sus habitaciones en la residencia y entonces se debe respetar este confinamiento.
Según Toro, "la Conselleria de Sanidad no conoce las residencias, y cuando piden cosas no saben si se puede hacer. Por ejemplo el aislamiento, eso es una barbaridad, porque los ancianos necesitan normalidad, y no los puedes tener dos meses encerrados en una habitación. Esto no es un hospital".
José María Toro quiere dejar claro que, "aunque ahora hay 95 residencias con usuarios positivos, esa cifra representa solo el 30% del total de residencias que hay en la Comunitat, y que es el mismo porcentaje que hace 15 días", lo que a su juicio es un pequeña victoria dentro de esta crisis.
En declaraciones a Valencia Plaza, el presidente de Aerte se muestra muy crítico con la Conselleria de Sanidad y también, aunque en menor medida, con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra. Asegura que el 26 de febrero ya le pidieron a Sanidad e Igualdad un protocolo. "No nos llegó el primero del Ministerio de Sanidad hasta 5 de marzo, y no fue hasta el 11 que enviaron el primero desde de Igualdad. El sector estuvo unos diez días por delante de la administración restringiendo visitas y haciendo acopio de material, pero no hemos podido parar el virus. Si hubiéramos tenido un protocolo antes, el índice de contagios hubiera sido mucho menor", manifiesta.
En cuanto a las medidas de la Fiscalía, explica que "cuando la Fiscalía General del Estado abrió diligencias, Ana Lanuza pidió información y no abrió nada en la Comunitat. Lo que sí que dijo fue que en las residencias se estaba trabajando en precariedad. Fue capaz de captar la realidad de las residencias. La Fiscalía fue muy sensible en la carga de trabajo, haciendo que fuera Sanidad la que enviara los datos para no sobrecargar a las residencias".
"Nos hemos quejado mucho y hemos presionado, y lo que se produjo fue un bloqueo de material. Nosotros lo que hacemos es que cuando tenemos un problema lo notificamos a quien manda el protocolo e incluso a la Fiscalía. Cuando por ejemplo nos vemos desbordados, o no llegan las cosas, notificamos a Sanidad a Igualdad e incluso a la Subdelegación del Gobierno, algunas residencias también han informado a la Fiscalía para que sepan lo que está pasando", revela el representante de las empresas que gestionan residencias.
"No somos hospitales pequeños, somos casas grandes, pero cuando fallece una persona en una residencia parece que se ha hecho algo mal. Nosotros cuidamos personas, no las curamos. Las residencias llevan un control muy férreo, y cuando pase el tema y demos lo que tenemos, se sabrá la verdad. Aquí hemos llamado al 112 y no han venido", asegura.
Y apostilla que "si una persona fallece en una residencia es porque no se la ha derivado a un hospital. ¿Se puede negar el acceso al sistema por el hecho de que una persona es mayor cuando sobran camas en UCI? Yo creo que no. Mientras haya una sola cama libre, no se puede negar esa cama a una persona. No se puede hacer un triaje y negar la asistencia hospitalaria".
En su opinión, es imprescindible conseguir cortar los contagios dentro de las residencias. "Si sacas a la gente nada más tener síntomas y la llevas al hospital, la persona tiene más probabilidades de sanar y reduces la posibilidad de contagio. Ahora estamos ciegos, porque solo sabemos si es Covid cuando tiene síntomas porque no se hacen test. Necesitamos que se hagan test", lamenta. Una afirmación que contrasta con las de la consellera Barceló, que este viernes reiteraba que sí se están haciendo test tanto al personal como a los residentes.
Según Toro, "hay una orden diciendo que tienen que tener prioridad los centros, pues hagamos pruebas para saber cuál es la realidad y trabajemos con los EPI y saquemos del centro al contagiado. Nos hemos sentido abandonados por el sistema de salud, negaban el auxilio a las personas mayores. Para nosotros no son números ni estadísticas, son personas con nombres y apellidos a las que conocemos y apreciamos".
Lanuza, junto al resto de fiscales del área de Civil, le han puesto las pilas a la Conselleria de Sanidad, encargada de las residencias en las que hay positivos y que han sido medicalizadas. Entre las medidas que se han tomado está el hecho de que Sanidad envía, diariamente, todos los datos actualizados que tiene de las residencias, entre ellos número de positivos, número de fallecidos o la cantidad de ancianos que han sido derivados a hospitales.
El propósito de su vigilancia, como ella misma cuenta a Valencia Plaza, está meridianamente claro: "Lo que se intenta es ver que no hay situaciones de abandono. Ver que las cosas se han hecho bien y que se está derivando a los residente a los hospitales; si se han medicalizado y si tienen medios suficientes. Nuestra misión de protección es velar porque estén bien atendidos, saber que no están abandonados y que tengan material suficiente".
La única ‘espina’ que todavía tienen clavada en la Fiscalía es la falta de test para los ancianos. La fiscal es muy clara: "Cuando entra el virus en una residencia es letal, por eso es tan importante que lleguen los test a las residencias, que no se olvide nadie que son personas. Los test tienen que llegar ya a las residencias. Sin ellos es muy difícil controlar la expansión del virus".
Por ahora, hay abiertas tres Diligencias Preprocesales Civiles en la provincia de Valencia -en Torrent, Requena y el barrio de Campanar de València-, otras tres en la de Alicante -en Alcoy, Onil y Alicante-, y dos en la de Castellón -en Morella y Vila-real-, lo que suma ocho entre las tres provincias. Eso implica que en ocho residencias han fallecido más de diez ancianos por coronavirus.
