VALÈNCIA. Una de las enmiendas presentadas por Podemos este año a la Ley de Acompañamiento que ha suscitado más preocupación en el Consell -especialmente en el PSPV- es la que pide suprimir una disposición adicional que el Ejecutivo valenciano ha introducido en la Ley de Puertos de la Generalitat Valenciana. El artículo -incluido a propuesta de la Conselleria de Obras Públicas que dirige la socialista María José Salvador- habilitaría al Gobierno valenciano a poder regular "los supuestos y el procedimiento tendente a establecer nuevas formas de gestión de puertos de titularidad de la Generalitat Valenciana". Un nuevo método de administración que se llevaría a cabo a través de la figura del "Organismo Autónomo previa acreditación de las razones que justifiquen su creación".
Es decir, mediante una nueva disposición adicional se permitiría que un municipio que contase con un puerto gestionado por la Generalitat pudiera solicitar al Consell el traspaso de dicha gestión a un organismo autónomo. Una posibilidad de la que Podemos no quiere ni oír hablar después de que puertos como el de Dénia, de gestión mixta y con un beneficio de 3,9 millones de euros anuales, ya hayan presentado la solicitud para crear el mencionado órgano autónomo.
Con la misma intención pero sin la misma claridad, el PPCV de Isabel Bonig registró este miércoles también otra enmienda respecto a esta parte del articulado de la Ley de Medidas Fiscales. Sin embargo, en el texto de los populares no se hacía referencia explícita a "suprimir" la disposición adicional tercera, si no que reescribía el texto completo -realizando pequeños cambios- y zanjaba la enmienda dejando fuera el artículo de la discordia. La intención era que, obviando este apartado, la ley quedara redactada de la manera que ellos plasmaban en la propuesta de modificación.
No obstante, al no haber una referencia explícita de supresión y tratarse de una enmienda de modificación y no de sustitución de un texto por otro, los servicios jurídicos de la cámara trasladaron a Valencia Plaza que, de llevarse a una votación, se entendería que la disposición adicional tercera introducida por el Consell se mantendría. Un escenario ante el que fuentes oficiales del Partido Popular aseguraron a este diario que estarían dispuestos a respaldar el texto de Podemos si el suyo se prestaba a confusión, ya que, subrayaron, su deseo era eliminar este artículo.
La unión de ambas formaciones en torno a esta cuestión sumaría 44 apoyos: el PPCV tiene 30 diputados, además del no adscrito Miquel Domínguez -quien vota conjuntamente con su antiguo grupo-, y la formación morada cuenta con 12 parlamentarios, a los que se añade la también no adscrita, Covadonga Peremarch.
Por su parte, Ciudadanos explicó a este diario que "en ningún caso" votaría a favor de le enmienda de Podemos, ya que consideran que antes de plantear una enmienda así "se tendría que pedir un informe para ver qué es lo más rentable para cada puerto". "Queremos buscar el máximo consenso para tomar decisiones de este calado y poder elegir la figura de gestión más adecuada para cada puerto y que así se pueda garantizar la transparencia y evitar duplicidades e ineficiencias, como ya dijimos en el pleno del Ayuntamiento de Dénia", añaden. Así, aseguran que estarían más cerca del voto en contra a la enmienda que de la abstención, si bien su postura no sería todavía firme y quieren "buscar el mejor acuerdo".
Ahora bien, cabe apuntar que si la formación de Albert Rivera en la Comunitat Valenciana rechazara frontalmente le enmienda de Podemos estaría yendo en contra del posicionamiento de su propio grupo municipal en Dénia, que, de la misma manera que el grupo municipal del PP, se había opuesto a la creación del órgano autónomo. Aunque los argumentos utilizados sean los mismos que en aquella sesión, el voto será diferente.
La decisión de aquel pleno vino motivada por la reciente incorporación del exalcalde de Gandia y ex asesor de Presidencia de la Generalitat José Manuel Orengo como director de Expansión de Baleària -principal naviera en el puerto de Dénia y cuya sede se encuentra también en este puerto-. El fichaje se produjo apenas un mes después de que se presentara la Ley de Acompañamiento que incluía este cambio normativo en la Ley de Puertos. En caso de constituirse un órgano autónomo, también lo haría su propio consejo de administración, donde Baleària tendría un peso considerable al ser uno de los mayores operadores del puerto.
Con Ciudadanos rozando el rechazo a la enmienda, el PSPV reuniría 36 votos en contra -ya que los cuatro diputados no adscritos también se opondrán- frente a los 44 que suman PP y Podemos. Si por el contrario Cs se abstuviera, el escenario para los socialistas sería aún menos prometedor, ya que la enmienda de los morados tendría 27 votos en contra, 44 a favor y 9 abstenciones.
En este contexto, y en cualquiera de las dos situaciones, el posicionamiento que decidirá que la enmienda salga adelante o no, será el del grupo parlamentario Compromís (con 19 diputados), socio del PSPV en el Gobierno valenciano. Un partido que en su ADN siempre se ha mostrado contrario a cualquier tipo de privatización. Habrá que esperar al próximo 5 de diciembre, fecha en la que debe producirse el debate de enmiendas en la comisión de Presupuestos para tener un resultado.