El Partido Popular de Alicante, o al menos, el que gobierna la Diputación Provincia, es persistente en su objetivo: Alicante necesita una gran industria, o una gran inversión industrial, que revitalice el entorno del eje Alicante-Elche (más de Alicante que de Elche) para incrementar sus niveles de riqueza y crear empleo de calidad, diferente al del sector servicios. Con esa idea nació en su día el proyecto de la zona franca, primero acotada a las inmediaciones del Puerto, y más tarde, involucrando a los ayuntamientos de Alicante y Elche.
En su momento, con el proyecto en mano y el respaldo del Instituto de Estudios Económicos de Alicante, Ineca, la Diputación se topó con una realidad: el plan no lo podía desarrollar en solitario y, por tanto, necesitaba a la Generalitat Valenciana, de ahí que en las primeras reuniones se invitara a representantes de la Conselleria de Economía. También se toparon los impulsores con otra realidad: el Gobierno central no iba a ser una aliado hasta que las cosas estuvieran encauzadas: entonces el Gobierno de Rajoy estuvo mucho en tiempo en funciones -casi siete meses- y no podía tomar decisiones tan básicas (si había voluntad política) o tan a la ligera (administrativamente) como iniciar un expediente para la creación de zona franca con exenciones fiscales de productos fabricados en otra parte del mundo, pero con el remate final en Alicante.
Al Puerto de Alicante ni a sus dirigentes, quizás imbuidos por la realidad de la Administración central, nunca les ha seducido la idea de una zona franca. Ni al puerto ni a la izquierda. Y no hablo de Podemos, los alcaldes de Elche y Alicante, Carlos González y Gabriel Echávarri, respectivamente, lo han tomado con mucha cautela, pese a que sí han participado en las reuniones, pero conforme han avanzado determinados pasos, han abandonado la idea. En estos momento, no creen en él.
No sé quién fue, si la Generalitat o a algún asesor externo, pero alguien le transmitió a la Diputación que para que el proyecto -que siempre fue existente, aunque durante una etapa durmió el sueño de los justos- fuera tomado en consideración era necesario tener un inversor, un inversor en mayúsculas.
Las primeras experiencias no fueran buenas, en el sentido que algún experto les alertó de que una zona franca no era una garantía de éxito inmediata, más bien una operación inmobiliaria para tener una área logística-empresarial con exenciones fiscales, que con ello no iban a conseguir más rápidamente un operador de la envergadura de Alibabá o Amazón, y que lo que hacía falta era una industria motora, como lo es la Seat en Barcelona o Citröen en Vigo, por citar dos ejemplos.
Y ahí es cuando entra en juego la Cámara de Inversores de Shenzhem, donde está representadas las más importantes compañías chinas -públicas y privadas- que actúan por todo el mundo. La delegación china de Shenzem, en su vista a la provincia de Alicante, se fijó en tres proyectos: el campus tecnológico de Elche, el tren de la costa y las posibilidades del Puerto como zona de salida y entrada a Europa vía marítima y con el Corredor Mediterráneo como nexo de unión.
Los chinos quieren el régimen de concesión, o en su defecto, la construcción a cambio de explotación. Eso es lo que les transmitieron, primero en la reunión en Alicante, y hace dos semanas, en el propio Shezhen, donde la delegación alicantina, liderada por Carlos Castillo, pudo presentar los proyectos de primera mano. Y de ahí es de dónde surge el interés de dos compañías chinas: una, por las zonas logísticas, bien sean en la Vega Baja o el entorno Alicante/Elche, y otra, por la construcción del tren de la costa. ¿Qué les permite ambas opciones? Acceder al mercado sur de Europa, pero sobre todo, con la liberalización del sector ferroviario, la posibilidad de ser un operador más, quién sabe si con Renfe como socio en el futuro. Y de ahí el interés en la construcción y explotación del tren de la costa y su conexión con el aeropuerto y Torrevieja. ¿La rentabilidad? Posiblemente, ahora no sea el objetivo primordial. La cuestión es asumir la condición de operador en la Unión Europea.
¿Cuál es el problema de la Diputación de Alicante ahora sí que tiene inversores? Ese fue el condicionante que le puso el Consell para arrancar el proyecto inicial de la zona franca, que ahora convertido en área logística. Pues el condicionante es que la Generalitat no les da crédito, ni en el caso de la zona logística y ni por supuesto en el caso del tren de la costa. De todas las áreas de mercancías, el Gobierno valenciano solo ve futuro y trabaja con la de la Vega Baja. La de Elche la tiene en el imaginario, y sólo la movería si el ayuntamiento se lo reclama. Y la de Alicante, ni la contempla, porque entre otras cosas, no existe nada concreto. Hay alternativas, y todas en suelo privado.
César Sánchez lo trasladó el pasado jueves a Ximo Puig. Por el momento, no le dijo que no, pero lo que está en juego ahora es la credibilidad, la certeza de que las inversiones van en serio -ahí la Diputación de Alicante y el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro se juegan mucho- y la responsabilidad de que el Gobierno valenciano ayude en su consecución -al menos, en agilizar los trámites-, lo cual puede generar una división entre PSPV y Compromís porque, entre otras cosas, los valencianistas no acaban de ver que un operador privado acaba construyendo y explotando el tan asiado tren de la costa.
Y si no hay credibilidad, primero y responsabilidad, después, caeremos en lo de siempre: el agravio y el reproche. Pero esta vez, se vislumbra algo más. Sólo falta que las pugnas políticas no lo se lleven al traste. Pero el proyecto y los inversores existen. Las dos universidades de la provincia de Alicante lo han podido comprobar en su visita a Shenzhen. Ahora sólo falta que los políticos no lo malogren.
P.D. Esa es una de las razones que al presidente de Ineca, Perfecto Palacio, más le ha desilusionado y, por tanto, además de renovar la institución, ha abogado por no seguir en la primera línea del mundo empresarial.