El hecho de que la regulación vaya por detrás de la realidad ha propiciado que mientras los profesores de la UV perciben las cantidades completas, los de la UMH vayan a empezar a hacerlo de manera paulatina. Mientras tanto la negociación de estos componentes en profesores de niveles educativos inferiores está a punto de concluir con éxito para los interinos
VALENCIA. El verdadero caballo de batalla del profesorado universitario en sus negociaciones con la Administración han sido los quinquenios y los sexenios. Si bien parece haberse alcanzado un acuerdo, de modo que la Generalitat ha reconocido el derecho a percibir dichos componentes, también se ha planteado que estas mejoras retributivas se apliquen “progresivamente durante tres años”. Para 2017 se marca como mínimo el pago del 28,6% por parte de todos los centros , pero si la Universitat de València (UV) ya abona el 100%, eso supondría un retroceso y una bajada de sueldo para sus profesores. Por ello se verá abocaba a romper la “homogeneidad" que establece la ley, y no será la única.
El problema se deriva del hecho de que la regulación vaya por detrás de la realidad. Los Presupuestos de la Generalitat para 2018 y la Ley de Acompañamiento han introducido tres cuestiones retributivas para el personal universitario: quinquenios y sexenios para el Personal Docente e Investigador (PDI), reconocimiento del complemento autonómico para acreditados a cátedra y aplicación al PAS de la carrera profesional. El coste total de estas medidas aplicadas íntegramente son unos 28 millones de euros, de las que los presupuestos únicamente han incluido 8 millones para financiarlas. Esto es, el 28,6%.
si los centros quieren seguir pagando más tendrán que hacerlo con sus propios recursos
Si determinadas universidades valencianas se ciñeran a lo acordado, tendrían que andar varios pasos hacia atrás. “Volviendo al ejemplo de la UV, tendría que reducir más de un 70% lo que ya paga a sus docentes, mientras que en casos como la Universidad Miguel Hernández (UMH) o la Universidad de Alicante (UA) sí que sería un avance”, explica Amat Sánchez, representante sindical de CCCO del Personal Docente e Investigador (PDI) en la Universitat de València (UV). La solución de Conselleria es que si los centros quieren seguir pagando más “tendrán que hacerlo con sus recursos”.
“Como la situación de cada Universidad es distinta, especialmente a nivel financiero, se vuelve a un estado de no homogeneidad, en el que corresponderá a cada centro decidir dónde invertir. Tendrán que negociar con los sindicatos el ritmo concreto de implantación de cada medida”, determina Sánchez al respecto del escenario generado.
Así lo explica también Susana Díaz, responsable de Fete-UGT-PV, quien también apuesta por “un ritmo de implantación desigual a fin de no perjudicar al personal”. En este sentido, incide en la importancia de que este derecho del personal esté finalmente reconocido, puesto que en algunas universidades “no se estaba percibiendo absolutamente nada”. Ahora bien, insta a esperar al “punto final”, que se producirá en 2019, cuando la financiación sea completa y todas las universidades paguen al personal como correspondería.
Mientras tanto, en el resto de niveles educativos, el personal docente pelea por un nuevo Decreto de Sexenios que dejaría muy claros los términos en los que se percibirían estas retribuciones. De hecho, este jueves se ha vuelto a reunir en la Conselleria de Educación la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Sexenios de 1993 y la Mesa Sectorial para definir los términos en los que se percibiría este componente retributivo relacionado con la formación permanente del profesorado y la realización de las actividades. El principal avance será que los interinos podrán optar al cobro en igualdad de condiciones.
Por su parte, Stepv (el único sindicato que no forma parte del Acuerdo de Sexenios de 1993) también ha marcado sus propias reivindicaciones, todavía en negociación. Así ha propuesto acortar el calendario de pagos, de manera que en 2018 se abonen todos los sexenios acumulados, y no hasta 2020 como propone la Administración. Al mismo tiempo también ha solicitado que se reconozcan a efectos administrativos todos los sexenios de aquellos profesores que tengan acumulados varios y cumplan los requisitos.
Cabe recordar que ha sido necesario modificar la ley de presupuestos de la Generalitat de 2017 para autorizar el pago de los sexenios. En concreto, el Consell se ha reservado 6 millones para empezar a acometer dichos abonos.