MADRID (EP). Duro Felguera y la banca acreedora han ampliado hasta el próximo 15 de abril la fecha tope para continuar desarrollando el proceso de negociación sobre vencimiento de deuda y garantías comerciales, según ha informado este martes el grupo de infeniería a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la compañía ha suscrito con Banco Santander, Santander de Leasing, Caixabank, Sabadell y Popular una prórroga (novación modificativa no extintiva) al acuerdo de espera ('standstill') del pasado 30 de septiembre que establecía como fecha máxima de vencimiento el 15 de enero de este año, a la que se han adherido Bankia, BBVA, Banco Cooperativo Español y Liberbank, así como la financiación sindicada de núcleo.
A principios de este año, tras dispararse un 41% sus acciones entre rumores sobre su proceso de reestructuración, la compañía comunicó a la CNMV que no se habían producido "variaciones de los hechos comunicados el pasado 29 de diciembre 2017 referidos a los procesos de desinversión en negocios y activos no estratégicos, conversión de deuda financiera y ampliación de capital con incorporación de nuevos socios".
A mediados del mes de noviembre de 2017, tras la dimisión del entonces presidente, Antonio del Valle, los comités de riesgo de la banca acreedora dieron 'luz verde' a la renovación de avales a la compañía por importe de 31 millones de euros, que una vez desembolsados permitirían a la firma asturiana continuar con su actividad. Del Valle está imputado en la Audiencia Nacional por corrupción y blanqueo de capitales. La Fiscalía sostiene que entre 2008 y 2011, Duro Felguera habría firmado tres contratos de asesoramiento con empresas del entorno de Hugo Chávez.
Duro Felguera se encuentra, además, inmersa en la búsqueda de nuevos socios o inversores dispuestos a inyectar capital por hasta 150 millones de euros y en su plan de desinversiones de activos, como la venta de su sede en Madrid. Al cierre del tercer trimestre de 2017, la compañía registró unas pérdidas de 11,5 millones de euros, frente al beneficio de 1,5 millones de euros del mismo periodo del año anterior.
La empresa ha explicado que su actividad, tanto a nivel comercial como operativo, se está viendo afectada negativamente por su proceso de refinanciación. En concreto, señala que la falta de disponibilidad de líneas de riesgo está limitando la nueva contratación y dificultando el avance de los proyectos en cartera.
La histórica cotizada asturiana pasará a las arcas públicas tras el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que inyectará 120 millones de euros en sus cada vez más necesitadas arcas
