Los liquidadores de RTVV, Agustín Arenas, Francisco Gómez e Ignacio Baixauli. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. "Transcurridos tres años desde la apertura de la liquidación sin que se haya sometido a la aprobación de la Junta General el balance final de liquidación, cualquier socio o persona con interés legítimo podrá solicitar del juez de lo mercantil del domicilio social la separación de los liquidadores". Es improbable que el socio único -la Generalitat- pida la separación de los liquidadores y más aún que nadie con interés legítimo lo intente, pero el recordatorio de la auditora de la empresa Radiotelevisión Valenciana SAU es muy pertinente cuando se cumplen cuatro años y medio de la apertura de la liquidación y la empresa sigue existiendo.
Podrán alegar los tres liquidadores, Agustín Arenas, Francisco Gómez e Ignacio Baixauli, que ellos no llevan cuatro años y medio porque primero hubo otros que fueron dimitiendo hasta que los nombraron a ellos el 7 de julio de 2015, a propuesta de cada uno de los partidos del Acord del Botànic, PSPV, Compromís y Podemos.
Así pues, es pertinente la advertencia de la auditora de las cuentas de 2017, TAM Auditores Asociados, porque este sábado se cumplían tres años del nombramiento de los actuales liquidadores de RTVV SAU y no han terminado el trabajo. Ni en esta sociedad anónima ni en el ente público Radiotelevisió Valenciana, para el que también recibieron en encargo por parte del recién estrenado Consell del Botànic. En el caso del ente, su liquidación se inició en marzo de 2013, hace más de cinco años.
Los tres liquidadores perciben uno honorarios anuales por remuneraciones, dietas y desplazamientos de 62.291 euros en el ente público y de 140.289 euros en RTVV SAU. En total, 202.580 euros, lo que arroja una media por cada uno casi igual al sueldo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. La liquidación, que no es concursal, se lleva a cabo con recursos que va a aportando la Generalitat -que incluyen el dinero necesario para los honorarios-, ya que ambas sociedades tienen que pagar el 100% de sus deudas que, en algunos casos, han sido asumidas por la Generalitat.
Hace casi un año, el 24 de julio de 2017, los miembros del consejo de liquidación comparecían en Les Corts y manifestaban que esperaban concluir el proceso liquidador en el último trimestre del año, "si no surgen problemas", y en todo caso hacerlo antes de final de año. Añadieron que las circunstancias "son cada vez más manejables", sobre todo después de que la Audiencia Nacional avalara en enero de 2017 el despido colectivo llevado a cabo tras el cierre de Canal 9 y Ràdio 9 en noviembre de 2013. Esa sentencia fue ratificada el pasado mes de octubre por el Tribunal Supremo.
En las cuentas anuales de ambas sociedades correspondientes a 2017, firmadas a finales del pasado mes de mayo, los liquidadores no dan ninguna pista de cuándo podrían culminar su trabajo. En el caso del ente público afirman: "Durante el ejercicio 2017 se han continuado realizando las labores de liquidación iniciadas en el ejercicio 2013, no habiéndose producido ningún hecho relevante que impida dicha liquidación".
