VALÈNCIA. ¿Qué fue de los parques eólicos cuya adjudicación se investiga en la Operación Erial por el presunto cobro de comisiones ilegales por parte del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana? La respuesta está en las cuentas de 2009 de Proyectos Eólicos Valencianos SA, la sociedad que resultó adjudicataria de las zonas 5, 6 y 11 del Plan Eólico de la Comunitat.
La empresa, impulsada inicialmente por Endesa (55%) Sedesa (25%) y Bancaja (20%) y posteriormente adquirida al 100% por Endesa Cogeneración y Renovables SL (ECyR), vendió los parques que había construido en las zonas 6 y 11 a Corporación Acciona Eólica SL. Lo hizo en 2009, solo seis años después de la adjudicación formalizada en 2003, y obteniendo una jugosa ganancia.
"Durante el año 2009 la Sociedad ha procedido a la venta de varios parques cuya construcción ya había finalizado", explicó entonces en su memoria la mercantil, que se anotó "la plusvalía generada por la venta de dichos parques" en el resultado de explotación de ese ejercicio. La friolera ascendió a 104,17 millones de euros.
En efecto, tal plusvalía se anotó como 'resultado por enajenaciones del inmovilizado' del balance de ese año, circunstancia que disparó a los 117,18 millones de euros el resultado de explotación. En consecuencia, también fue significativo el resultado neto del ejercicio, que se cerró con un beneficio de 85,3 millones de euros, muy por encima de los 3,1 millones del año anterior.
Dadas las pingües ganancias, Proyectos Eólicos Valencianos aprovechó para repartir dividendos ese año. Destinó 54,8 millones a dividendos -que cobraría de forma íntegra Endesa dado que ya poseía el 100% de la empresa- y los 30,5 restantes, a reservas.
Fue, en conclusión, una operación muy rentable para la empresa, puesto que la inversión realizada para impulsar las zonas eólicas se cifró inicialmente en 450 millones de euros. Tomando esta cantidad como punto de partida el margen que habría obtenido Endesa al lograr la plusvalía de 104 millones sería de más del 20% de la inversión realizada.
En la memoria de 2009 la empresa detalla que los parques eólicos vendidos a Acciona fueron los levantados en las zonas 6 y 11. Según concreta en el Informe de Gestión, la construcción en esas zonas se prolongó hasta ese mismo ejercicio. "En el caso de la zona 6 se ha finalizado la construcción del parque Alto Palancia III, de 32 MW, que unido a los parques en funcionamiento, ha completado los casi 200 MW previstos para esa zona. Y en el caso de la zona 11, se ha finalizado la construcción del parque Las Bodeguillas, con una potencia de 36,55 MW. Con la finalización de este parque se han completado los aproximadamente 160 MW de dicha zona", recogió entonces la compañía.
Según las cuentas de la firma, el acuerdo para la venta "fue alcanzado el 20 de febrero entre Endesa y Acciona para la transmisión de determinados activos de energías renovables del grupo Endesa". "Concretamente, el 25 de junio se produjo la transmisión de los siguientes parques eólicos: Mazorral y Rajola, Alto Palancia I, Alto Palancia II, La Solana, Rincón de Cabello, El Mulatón y Las Bodeguillas. El pasado 15 de diciembre (de 2009) se realizó la venta del parque eólico Alto Palancia III", detalla la sociedad.
Por lo que respecta a la zona 5, durante la era de Proyectos Eólicos Valencianos su desarrollo nunca fue más allá de los trámites administrativos. Según agregan al respecto fuentes de la Generalitat, en diciembre de 2012 vendieron sus derechos sobre la zona 5 y lo poco que les quedaba en las zonas 6 y 11 a la compañía Enelgreen Power. Posteriormente la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos sería extinguida.
Como explicó este miércoles Valencia Plaza sobre la posible prescripción de los presuntos delitos que se investigan, esta viene determinada por el delito más grave, según un acuerdo del Tribunal Supremo. En este caso sería el de la malversación de caudales públicos agravada, que tiene una prescripción de 15 años desde la comisión del delito.
En cuanto al resto de los delitos presuntamente cometidos, también se podrían investigar porque están en concurso con al anterior, es decir, asociados al mismo. El asunto está judicializado desde 2015, lo que permitiría a los investigadores indagar en las adjudicaciones de los parques eólicos porque el contrato es de 2002 y fue formalizado en 2003. No es el caso de la adjudicación de ITV que también se investiga, que son de 1997.