VALÈNCIA. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han acudido este martes a la Conselleria de Economía Sostenible para recopilar documentación sobre adjudicaciones del Plan Eólico y las ITV a empresas de Vicente Cotino, presidente de Sedesa, durante la etapa de Eduardo Zaplana como presidente de la Generalitat -detenido este martes por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por presunto blanqueo de capitales y delito fiscal-.
La UCO ha requisado documentación y ha precintado varios archivos en la Torre 2 del Complejo Administrativo 9 d'Octubre. El volumen de documentación a analizar era tal que los agentes han solicitado a los funcionarios que habilitaran un espacio en los bajos de la conselleria para guardar expedientes de entre los años 1997 y 2000, todo mientras procedían a su traslado a un local con vigilancia las 24 horas del día.
Según ha podido saber este diario, la documentación que han reclamado los agentes se refiere a la adjudicación de las zonas 5, 6 y 11 del Plan Eólico de la Comunitat a una empresa participada por el sobrino del expresidente de Les Corts, Juan Cotino. Además, según agregan a este periódico, la búsqueda de documentación también se ha llevado a cabo a cabo en las instalaciones de la propia empresa Sedesa.
Sedesa, propiedad de Vicente Cotino, participaba en un 25% en el accionariado de la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos, la mercantil constituida con Endesa como máximo accionista (55%) y Bancaja como tercer socio con un 20%.
La mercantil resultó adjudicataria mediante concurso público del desarrollo eólico de las zonas 5 y 6 y de la 11 en Valencia, con una potencia en conjunto de 498 MW y una inversión de 450 millones de euros.
En noviembre de 2006 comenzó el montaje de los primeros parques del Plan Eólico Valenciano, en concreto en la denominada zona seis, con siete parques previstos en la comarca del Alto Palancia en Castellón.
Además, los agentes también han recabado documentación sobre la adjudicación de los contratos de ITV del año 1997, un servicio que también fue adjudicado a una UTE en la que participaba el empresario. Se trata de un servicio se privatizó dicho ejercicio, hace más de 20 años.
En enero de 2016, el pleno de las Corts aprobó una proposición no de ley en la que se pedía que la Sindicatura de Comptes realizara una auditoría de la gestión de la ITV y una comparativa con la prestación del servicio y los modelos del resto de comunidades.
En el debate de la proposición, presentada por Compromís, el síndic de la coalición, Fran Ferri, recordó que aquel año el Consell presidido por Zaplana sacó los pliegos de la concesión, uno de los cuales fue adjudicado a una UTE en la que participaba Sedesa.
Otro lote, según explicó entonces, fue a parar a manos de personas relacionadas con el exconseller de Territorio, Rafael Blasco, actualmente en prisión por una de las piezas del caso Cooperación.
La recogida de documentación se enmarca en la operación lanzada este martes por la mañana que ha desembocado en la detención en València del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, por presunto blanqueo de capitales y delito fiscal, una operación coordinada por el juzgado de Instrucción 8 de València y la Fiscalía Anticorrupción.
En la operación en la que ha sido arrestado Zaplana se han practicado más de una docena de detenciones por cohecho, blanqueo, desvío de fondos y malversación.