Foto: EFEMADRID (EFECOM). La Seguridad Social acumulará una deuda de 42.525 millones de euros con el Estado en 2018, una vez se aprueben los presupuestos para este año que contemplan un nuevo préstamo por valor de 15.524,6 millones de euros.
El Gobierno recoge este préstamo en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 con el fin de garantizar el pago puntual de las pensiones por parte de la Seguridad Social, que cuenta con un déficit de 16.800 millones y apenas 8.000 millones en el Fondo de Reserva.
Este préstamo se suma al de 10.192 millones concedido en 2017, que no devenga intereses y tiene un plazo de cancelación de diez años a partir de 2018, que fue totalmente utilizado el pasado año para afrontar las pagas extra de los pensionistas.
Sin embargo, no era la primera vez que el Estado hacía uso de esta herramienta para financiar a la Seguridad Social, puesto que otorgó distintos préstamos en la década de los noventa por un total de 17.168,6 millones.
La mayor parte de esta deuda del siglo pasado corresponde a préstamos para financiar el déficit de la Seguridad Social que se instrumentalizaron entre 1994 y 1999, que no devengaban intereses y que debían reembolsarse a diez años vista.
No obstante, todos ellos han sido aplazados de década en década cuando vencían los plazos, la última vez en el presente proyecto de presupuestos para 2018, que recoge la ampliación por diez años más de la cancelación de 754 millones de euros que otorgó el Estado a la Seguridad Social en 1998.
Además, el Estado otorgó otros dos préstamos en 1997 y 1998 por valor total de 4.207 millones para solventar desfases de la Tesorería de la Seguridad Social generados por el retardo en el cobro de las cotizaciones recaudadas vía ejecutiva o por su ausencia de cobro.
Estos dos préstamos, que recogían sendos presupuestos generales del estado, no contemplaban un periodo de amortización.
Tanto los préstamos percibidos para la cobertura de obligaciones de la Seguridad Social como los destinados a cubrir desfases de tesorería habrían sido consecuencia de la falta de financiación del área no contributiva, según el Informe sobre el Desarrollo del Pacto de Toledo.
El Gobierno decidió entonces financiar a la Seguridad Social vía préstamos en lugar de instrumentar las transferencias necesarias, con el objetivo de no incrementar el déficit del Estado.
Además de estos dos tipos de préstamos, el Gobierno había concedido previamente, entre 1992 y 1994 un total de 3.372,4 millones de euros para financiar las obligaciones pendientes del Insalud.
No obstante, el informe añade que estos préstamos "no habrán de ser cancelados hasta tanto el presupuesto del Estado aporte a la Seguridad Social la financiación necesaria para la amortización de los mismos", es decir, una vez que el Estado asuma todos los gastos asistenciales de la Seguridad Social.
De esta forma, el reintegro de estos préstamos vinculados al Insalud se realizaría con los fondos previamente percibidos vía transferencias.
Con estos datos en la mano, la Comisión del Pacto de Toledo lleva meses debatiendo cómo gestionar esta deuda histórica de 17.000 millones, llegando a plantear que se pueda compensar traspasando su patrimonio e inmuebles al Ministerio de Hacienda y que los hospitales sean propiedad de las Comunidades Autónomas.
