El conseller de Hacienda, Vicent Soler. Foto: CORTSVALÈNCIA. La adicción al juego es un problema que preocupa en las instituciones valencianas. No en vano, el Consell aprobó el pasado mes de noviembre un proyecto de Ley del Juego elaborado por la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler que, más allá de actualizar la normativa de 1988 y establecer restricciones -700 metros de distancia mínima entre salones-, pone especial atención en la prevención y protección de los menores ante el auge de la ludopatía.
Los grupos parlamentarios dejaron listas sus enmiendas el pasado 28 de enero, entre las que destacan la prohibición que quiere fijar el PSPV de instalar una casa de apuestas a menos de 150 metros de un colegio, o una más ambiciosa que pretende Podem que propone que la distancia mínima sea de 1 kilómetro. Sea cual sea la enmienda que se apruebe en comisión o si ambos grupos llegaran a pactar una enmienda transaccional que fijara una distancia intermedia, la intención es que la norma no solo afecte a los locales abiertos; los que ya se hallen instalados "deberán adaptarse a la nueva normativa si quieren renovar su licencia para seguir operando". Es decir, deberán traspasar el local cuando les caduque el permiso si quieren mantener el negocio.
La dureza de la ley ha levantado en armas a la patronal del juego. No obstante, a un mes de que se disuelva la cámara, la validación de la normativa es una incógnita si se atiende al calendario parlamentario y al día que han fijado sus señorías para el debate de las enmiendas en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, paso previo a que se vote en un pleno de Les Corts la totalidad de la ley.
El día elegido para debatir sobre las enmiendas es el 12 de marzo -martes-, ocho jornadas antes de que se celebre el último pleno de la legislatura. ¿Cuál es el problema? El orden de los plenos que se celebran en el Parlamento valenciano los miércoles y jueves quedan asignados de forma ordinaria los martes de la semana previa en la Junta de Síndics.
Con esto, los contenidos que se debatan en el pleno del 20 y 21 de marzo se determinarán en la junta del día 12. De manera que la junta se celebrará a la vez que la comisión de Economía en la que se voten las enmiendas a la ley del Juego. Así, los portavoces de los partidos presentes en la Junta de Síndics no podrían tomar la decisión de introducir esta ley para el pleno de la semana siguiente porque el trámite de votación de enmiendas no habría concluido.
Ante esta tesitura, tan solo caben dos opciones para evitar que la normativa no llegue a aprobarse: convocar un pleno extraordinario -también llamado escoba- para que se celebre antes de que finalice el mes de marzo (antes de que se disuelva la cámara) y se vote en él esta ley; o emplazar la Junta de Síndics a partir del miércoles 13.
Una solución que, a priori, cabe pensar que los diputados acometerán, ya que a pesar de que la Ley del Juego no es una de las 15 normas que Consell y Podem fijaron como prioritaria en el acuerdo presupuestario de diciembre, sí se está tramitando con cierta celeridad para lograr sacar adelante. Incluso, se está anteponiendo a otras de la quincena pactada que todavía no se han retomado desde que terminaron las vacaciones navideñas, como la reforma de la ley del Consell del Audiovisual que plantea que los siete miembros de este órgano sean designados en su totalidad por Les Corts. Actualmente, cinco los nombra el Parlamento y dos el Ejecutivo valenciano.
