Vivienda negocia con Hacienda beneficios fiscales a los propietarios que se ajusten al índice de referencia para un alquiler asequible
VALÈNCIA. (EP). La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio impondrá sanciones por infracción "muy grave" a aquellas entidades bancarias que, en el plazo de seis meses, no le comuniquen su stock de viviendas vacías, tal y como establece la Ley de Función Social de la Vivienda, publicada el 3 de febrero de 2017.
Desde entonces han aflorado 7.000 viviendas vacías procedentes, en su mayoría, de diez entidades financieras. Sin embargo, cuando el anterior Gobierno de Mariano Rajoy la recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional, los bancos pararon de comunicar sus existencias. Por eso, ahora que ya hay sentencia y únicamente se dejan fuera los artículos 12.4 y el 13 referentes a la expropiación, la Conselleria enviará una carta a los bancos para recordarles su obligación de cumplir la ley.
En esta misiva se les avisará que si no comunican sus viviendas vacías durante los próximos seis meses se les impondrá una sanción de entre 600 y 3.000 euros. Y posteriormente, en caso de no ponerlas a disposición para alquiler social, podrán ser multados con cantidades similares.
Así lo ha advertido este martes la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, tras reunirse junto al director general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rafael Briet, con agentes sociales del sector de la vivienda para abordar las medidas que llevará a cabo la Generalitat con el objetivo de lograr un alquiler asequible.
En este sentido, Salvador ha anunciado que el próximo mes de diciembre su departamento presentará el índice de referencia para un alquiler asequible que, además, identificará, por barrios, las zonas "tensionadas" con mayor presión en los precios del alquiler.
Este índice tendrá en cuenta la ubicación, el tamaño de la vivienda, las calidades de los materiales, la certificación energética, y toda una serie de parámetros, para fijar una horquilla de precios de referencia del alquiler y limitar su subida.
Para "incentivar" que los propietarios particulares pongan sus viviendas en alquiler a precios asequibles, Salvador negocia con la Conselleria de Hacienda establecer "beneficios fiscales" a quienes se ajusten al índice, por ejemplo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Además, tendrán "preferencia" a la hora de optar a ayudas para rehabilitación y se instará a los Ayuntamientos a dar bonificaciones fiscales en materias como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), ha apuntado la consellera.
También tendrán "preferencia" a la hora de optar a ayudas para rehabilitación, ha añadido. En este punto ha explicado que hay propietarios que no tienen las viviendas en condiciones para alquilarlas, por lo que tendrán prioridad para las ayudas o tendrán la posibilidad de cederlas a la Generalitat para que las reforme y ésta podrá destinarlas a alquiler social hasta amortizar la inversión. En el caso de las entidades financieras, son éstas las que se deben hacerse cargo de poner sus viviendas en condiciones de habitabilidad.
"Estamos pidiendo a la iniciativa privada el esfuerzo que hemos hecho desde la Administración Pública", ha subrayado Salvador. Así ha recordado que la Generalitat, en su parque público social de viviendas para personas en situación de vulnerabilidad aplican precios entre 50 y 100 euros, y en las VPO los precios están entre los 104 y 350 euros.
El índice de referencia para un alquiler asequible de la Comunitat Valenciana se enviará al Ministerio para pedir que sea "vinculante". Mientras, se aplicarán este tipo de medidas incentivadoras. Si finalmente el Gobierno central realiza las modificaciones legislativas que permitan que el índice de referencia sea vinculante, se "replantearán" este tipo de incentivos, ya que el alquiler asequible pasará a ser "obligatorio", ha apuntado Salvador.