VALÈNCIA (EP). La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, prevé iniciar en septiembre el estudio sobre cómo abordar la reversión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), una vez finalice la concesión a las empresas adjudicatarias del servicio, en 2022.
Así lo ha avanzado el conseller, Rafa Climent, en una entrevista a Europa Press, en la que ha explicado que trabajarán "minuciosamente" porque en el proceso hay muchos aspectos jurídicos a tener en cuenta, sobre todo en lo que respecta al ámbito de personal.
El retorno a la gestión pública directa del servicio de las ITV es uno de los puntos que recogidos en el eje 4 de los acuerdos del Botànic II, que tiene como "prioridad" salvaguardar la seguridad viaria en las carreteras valencianas, la mejora de la calidad del servicio, la rebaja de las tarifas para las personas usuarias y una gestión transparente y eficiente.
A partir del estudio que se inicie en septiembre se trabajará en estos aspectos, ha apuntado el conseller, para quien la reversión a lo público se marca "de manera muy clara" en los acuerdos para la formación del nuevo gobierno valenciano.
También en el de Feria Valencia, Climent tiene "claro" que la institución tiene que ser "de control público" para evitar "lo que ha pasado en el pasado". "Si no es público, en un momento determinado puede derivar, en función de los gestores, en que se desmadre como se desmadró", ha apuntado.
Para ello se ha referido a dos decretos. El de asunción de la deuda --que ronda los 600 millones y que "Hacienda parece que está ya casi a punto de cerrar", ha asegurado-- y después el de el modelo de Feria. "Espero que este año pueda estar cerrada la asunción de la deuda y a partir de ese momento, abriremos debate sobre el modelo de Feria más útil y práctico para dinamizar la economía".
En su opinión, Feria Valencia "tiene que ser de control público, aunque cierta gestión de eventos o ferias y demás pueda tener una gestión privada". "Pero el control tenemos claro desde la Conselleria que tiene que ser público para evitar "que se desmadre como se desmadró y llegamos a tener una deuda de más de 1.000 millones de euros y con muchos problemas", ha lamentado.
En cuanto al pacto de horarios comerciales alcanzado en la anterior legislatura, el conseller ha valorado que fue uno de los "grandes acuerdos" de su anterior mandato y después de dos años de aplicación, ha abogado por mantener la "minipaz social" que se ha generado en el comercio y "dejar que fluya como hasta ahora".
En su opinión, con el límite que el pacto de horarios comerciales establece para la apertura en festivos, "los trabajadores han ganado muchísimo" en conciliación familiar, por lo que a ni o ser que vuelva a surgir un "debate muy potente de intereses" para cambiarlo, no prevé modificar la normativa.