VALÈNCIA. La iniciativa educativa admitía pocos reproches. La Generalitat anunciaba esta semana la incorporación de casi 1.000 profesores auxiliares de inglés, concretamente nativos, para reforzar el aprendizaje oral en los colegios de la Comunitat. Esto es, uno por cada centro público de la autonomía. Y sin embargo, pese a reconocer el valor didáctico de la propuesta, ya hay quien le ha encontrado la puntilla. La Mesa por la Educación en Libertad ha lamentado que los colegios concertados queden privados del acceso a dicho plan y ha instado a la Conselleria de Educación a "rectificar".
"No vamos a tolerar que un plan pagado con el dinero de todos los valencianos solo beneficie a una parte de centros sostenidos con fondos públicos”, afirmaba el portavoz de esta asociación, Vicente Morro. Además, hacía extensiva la protesta a otros problemas que la Administración valenciana mantiene con el sector concertado de la educación, el cual ha llegado a salir a la calle para protestar."Una vez más vemos que la Generalitat no trata por igual a todos los centros escolares sostenidos con fondos públicos", indicaba
La Generalitat valenciana se ha apresurado atribuir la responsabilidad al Gobierno central. Así, la Conselleria de Educación ha explicado que la acción del personal auxiliar, presentada por el propio president Ximo Puig, se hace a través de un programa de conversación dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), que lidera Iñigo Méndez de Vigo. En el mismo se establecen unas bases de colaboración concretas.
De esta manera, el Ministerio hace la selección de los 996 auxiliares que vendrán a las escuelas de las comarcas, aunque la encargados de pagar su retribución sea la Conselleria. "Para poder establecer este acuerdo debemos cumplir con toda lanormativa del Ministerio y es por ello que los auxiliares solo son para las escuelas públicas, tal y como obliga el Ministerio", afirman fuentes oficiales del departamento de Vicent Marzà.
La explicación no parece válida para Morro, quien omite la atribución de culpas. “Este es un plan autonómico, así que no nos sirve que se escuden en normativas nacionales u otras excusas”, ha señalado el portavoz. Asimismo, ha indicado que todas estas cuestiones sobre educación concertada "podrían ser aclaradas si el President de la Generalitat concediera a la Mesa por la Educación en Libertad la reunión que tiene solicitada desde hace casi un año".
La explicación de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha sido en cualquier caso distinta. Preguntada por el tema en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha arrojado balones fuera. "La política de personal de la escuela privada no la decide la Generalitat", ha insistido, añadiendo que deben ser los centros los que decidan. "Si intentáramos algo así nos acusarían de intrusismo en la libertad de empresa", ha agregado.
En este sentido, ha insistido en que la política de personal de la red concertada no entra en la Generalitat porque "lo decide la escuela privada" y "no se hacen oposiciones".
Precisamente este viernes el Consell autorizaba, a efecto presupuestario, el número máximo de unidades a concertar en los centros docentes privados de la Comunitat. Finalmente se han tramitado 440 expedientes, se prevé un total de 88 nuevas unidades y la supresión de 107 aulas concertadas, lo que arroja una cifra provisional de 19 unidades menos concertadas.