La Generalitat adquiere 450 viviendas en lo que va de legislatura, 315 a través del tanteo

VALÈNCIA. Desde que se iniciara la legislatura, la máxima prioridad en la Conselleria de Vivienda ha sido la ampliación del parque público. Un objetivo que ha impregnado gran parte de las políticas que ha diseñado el equipo que dirige el conseller Rubén Martínez Dalmau, quien esta semana dejará previsiblemente este departamento tras constantes pugnas internas en el seno de Podem. Será sustituido por Héctor Illueca, hasta ahora director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de España.

Una salida que deja como balance 450 viviendas adquiridas en estos años, de las que 315 se han comprado a través de los derechos de tanteo y retracto, instrumento 'estrella' durante el mandato del próximamente exconseller. De hecho, a mediados de este pasado mes de julio se cumplía un año desde la aprobación de su famoso Decreto Ley, que ampliaba estos derechos de adquisición preferente con la inclusión de nuevos supuestos a la vez que permitía a los consistorio ejercerlos, hasta entonces solo ostentaba esta posibilidad la Generalitat Valenciana.

Lo cierto es que en un principio la norma generó recelos tanto desde el sector privado como por parte del PSPV, uno de sus socios de gobierno en el Botànic. No obstante, Vivienda acabó concretando en una circular aquellos aspectos que habían provocado dudas legales y crítica, aunque el texto fue recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) por el PP al considerar que la norma "invadía competencias exclusivas del Estado". Por el momento, el Alto Tribunal no se ha pronunciado.

En concreto, desde que el actual equipo llegara a la Conselleria a mediados de 2019, el parque público se ha incrementado en 450 inmuebles: 315 a través del tanteo y retracto, tanto por parte de la Conselleria como de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), mientras que otros 135 se han comprado de forma directa por emergencia habitacional. 

También se han incorporado otros 42 inmuebles del concurso de compra a particulares que en 2018 lanzó la Conselleria de Vivienda, entonces dirigida por la socialista María José Salvador, y que se cerró en años posteriores siendo efectiva su incorporación en 2020, con el actual equipo de Dalmau. Con ellas, el volumen total de inmuebles integrados en la cartera pública asciende a 492 activos estos dos años de legislatura. Se trata de viviendas ubicadas en 67 municipios valencianos y con una inversión total que alcanza los 25 millones de euros, según los números que maneja la propia Conselleria.

Por provincias, en Alicante se han comprado, a través de los dos mecanismos, un total de 126 viviendas por un importe que ronda los 7,6 millones de euros, mientras que en la de Valencia se ha conseguido el mayor volumen, 239 unidades por 9,7 millones de euros y en la de Castellón, 77 por 5,1 millones de euros. Destacan las operaciones cerradas en Algemesí con 99 viviendas; en Paterna con 35; en la Pobla de Vallbona, 28; en Castellón de la Plana y Vallada, 16, respectivamente, y en Almoradí con 14 viviendas.

Compras por tanteo y retracto

En estos años, el mecanismo que mayores éxitos ha proporcionado a la Administración Valenciana ha sido el ejercicio del tanteo y retracto. Es por ello que se ha convertido en la norma más importante que ha impulsado este departamento en esta legislatura. Aunque lo cierto es que la posibilidad de ejercer estos derechos estaba regulada en la Comunitat Valenciana desde 2004, no se había utilizado hasta ahora y la nueva norma incorporaba grandes cambios como la potestad de la Generalitat de quedarse viviendas en proceso de subasta por impago de hipoteca, las transmitidas por dación en pago o edificios enteros que se vayan a vender o ya se hayan transaccionado entre operadores privados. 

Así, con este instrumento normativo se ha conseguido sumar el mayor número de propiedades  al stock del parque público: 315 nuevas viviendas. De ellas, 265 unidades han sido compradas por la Conselleria y 50 por parte de la EVha, que depende de Vivienda. Las operaciones se han cerrado en más de un treintena de municipios de la Comunitat Valenciana por un precio medio de 39.971 euros por inmueble, aunque la inversión total de estas compras asciende a cerca de 10,6 millones de euros. Por el momento, en 2021 se han incorporado mediante este mecanismo 49 activos. 

En concreto, la Conselleria se ha anexionado 165 unidades en la provincia de Valencia a través del tanteo y retracto por una cuantía superior a los cinco millones de euros. Destaca la compra de 98 viviendas en Algemesí, 33 en Paterna, 16 en Vallada y 13 en Font d'En Carrós. 

En Alicante, la cifra asciende a 81 viviendas por 4,7 millones de euros euros. En esta provincia es donde las compras se han repartido en más municipios, principalmente en El Campello (12), Alcoi (9),  Monforte del Cid (8), Alicante ciudad (7) y Novelda (6). Por su parte, en la provincia de Castellón se han adquirido 19 viviendas por 1,2 millones, principalmente en la Vall d'Uixó, 8 unidades, y la capital Castelló, 7 inmuebles. 

Cabe recordar que no todos los municipios son susceptibles de formalizar compras a través del tanteo y retracto. Según el decreto que aprobó Vivienda, solo se puede intervenir en las Áreas de Necesidad de la Vivienda, que fija las zonas en las que la administración valenciana no dispone de medios suficientes para satisfacer la necesidad de vivienda. 

Por otro lado, la EVha ha ejercicio en 50 ocasiones estos dos derechos de adquisición preferente por un valor de 2,4 millones de euros. La mayoría de operaciones se han cerrado a lo largo de este año, 21 inmuebles.

Adquisiciones por emergencia habitacional

Por otro lado, Vivienda también ha sumado propiedades a través de la compra directa de pisos en casos de emergencia habitacional, como desalojos inminentes. A través de esta fórmula, se han invertido 8,7 millones de euros para sumar 135 nuevas viviendas. El precio medio de la unidad se ha situado en los 64.000 euros.

La mayoría se han adquirido en la provincia de València donde el parque público se ha aumentado en 59 unidades, principalmente por una operación de 28 pisos en La Pobla de Vallbona. Aunque también se compró en otras localidades como Gandia, Utiel, Paterna, Aldaia o Alfafar. En total se actuó en 16 municipios valencianos.

Por su parte, en Alicante se formalizó la compra de 34 viviendas en 10 municipios, destacando la de Almoradí, con 10 nuevas unidades. También se amplió la oferta pública en Torrevieja, Elda, Elche, Aspe o Santa Pola. Por otro lado, en Castellón se han sumado 42 nuevos inmuebles en 9 localidades: Burriana, Vila-real, Vinarós, Moncofar, Benicarló o Nules, entre otros.

"Los números hablan por sí solos porque la cifra es muy considerable. Especialmente si se compara con otras legislaturas. En la anterior, se asentaron las bases de los procesos de adquisición y se compró una vivienda, mientras que en las anteriores ninguna. Por tanto, es un hito y creo que estamos consiguiendo ese cambio de paradigma en las políticas de vivienda en la Comunitat Valenciana", destaca el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar.

Concurso de compra a particulares

Por otro lado, Vivienda también ha sumado 42 viviendas del primer concurso de compra de viviendas a particulares para alquiler social que lanzó la Conselleria en 2018. Una convocatoria que se cerró en la anterior legislatura del Botànic I, pero cuya adquisición no se formalizó hasta 2020. De hecho, Vivienda lanzó en septiembre del pasado año, una segunda edición con unos requisitos menos restrictivos con el fin de sumar más activos a la cartera pública. 

El plazo para presentar ofertas vencía este mes de julio, pero se ha tenido que ampliar tres meses más porque muchas excedían el valor de tasación efectuado por la Administración. De esta forma, la Conselleria quiere tener más tiempo para reevaluar las propuestas y poder presentar contraofertas a los particulares para incorporar al parque público más propiedades. Hasta el momento, se han recibido 123 ofertas. El objetivo es duplicar la cifra conseguida en el primer concurso, esto es 42 inmuebles, por lo que con esta prórroga se pretende renegociar con los propietarios para llegar a un acuerdo en lo que queda de legislatura.