Rafael Blasco. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Fiscalía ha solicitado una pena de dieciséis años de cárcel para el exconseller Rafael Blasco por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad y asociación ilícita dentro de dos de las piezas separadas de las que se compone el caso Cooperación por presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONG's y en la construcción de un hospital en Haití.
La petición se produce tras el reciente procesamiento del exconseller y otras 21 personas en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, el mismo por el que Blasco ya se encuentra cumpliendo una condena de prisión por la primera de las piezas.
La solicitud se suma a la formulada este lunes por la Abogacía de la Generalitat, que pide una condena de 17 años y 6 meses de cárcel para Rafael Blasco y de 170 años para el conjunto de los procesados. Adicionalmente reclama 8 millones de euros por la responsabilidad social de los procesados, de los que 3 millones se piden por el "daño moral" a la imagen de la Generalitat y el desprestigio del área de la cooperación.
Por su parte, la Coordinadora Valenciana de ONGD solicita una pena de 16 años de prisión para Blasco y otros 22 para el empresario Augusto César Tauroni como "principales responsables" del fraude de subvenciones dentro del caso Cooperación. En total, la esta entidad reclama 150 años de cárcel para los 21 acusados en las piezas 2 y 3 de este procedimiento.
Entre los procesados en estas dos piezas se encuentran la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip, el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, además de una funcionaria de la Generalitat, trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.
Las dos piezas ahora unificadas en esta causa se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG en 2009, 2010 y 2011, y la otra por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.
Tanto la investigación por las subvenciones a las ONG como la pieza por la construcción del hospital, que comenzaron a instruirse en la Sala Civil y Penal del TSJCV, pasaron a Instrucción 21 en 2014 cuando Blasco dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal.
Blasco, junto a otros miembros de su equipo, y Tauroni ya fueron condenados por el TSJCV a penas de prisión en la primera pieza del caso Cooperación por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.
