MURCIA. La atención en las residencias de la Región de Murcia está en el punto de mira. Son una de las instalaciones más atacadas por la covid, ya que la pandemia ha dejado numerosas víctimas entre los mayores ingresados en los centros geriátricos de la comunidad y ahora la Fiscalía, dirigida por José Luis Díaz Manzanera, ha incoado diligencias para ver si se está produciendo algún delito en el trato que se está dando a las personas internadas.
La investigación surge de una denuncia del Defensor del Paciente y tras varios testimonios recogidos en los medios de comunicación, como ha podido saber Murcia Plaza de fuentes cercanas a la investigación. Las actuaciones para depurar posibles responsabilidades se centran tanto en los centros públicos como en los privados.
La semana pasada la plataforma Marea de Residencias realizó una manifestación frente a la Consejería de la Política Social para protestar por la gestión de las residencias durante la pandemia. Con pancartas que aludían en su mayoría a historias vividas en primera persona, los asistentes exigían una Ley de Residencias que garantizase un control y una seguridad para los mayores que se alojan en los centros.
En la Ley de Residencias que se propone se exige una mejora del personal, que además sea cualificado y un control sobre las residencias privadas por parte del Gobierno regional. Desde el inicio de la pandemia en las residencias de la Región han fallecido más de un centenar de internos. En la actualidad hay 279 usuarios contagiados y 26 trabajadores.
