La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha denunciado irregularidades en la adjudicación por parte de la Generalitat del servicio de extinción de incendios y salvamento a la empresa Inaer. Esta firma, con sede central en Mutxamel, es una de las investigadas por formar parte del conocido como cártel del fuego, la trama que investiga el presunto amaño de contratos públicos de extinción en la Comunitat y Cataluña, entre otras regiones.
Las pesquisas forman parte del conjunto de actuaciones iniciadas por el ente fiscalizador sobre los procedimientos de contratación de la Generalitat en 2013 que en su momento ya detectó la Sindicatura de Comptes en su informe sobre las cuentas públicas y que también alcanzan a los gastos de caja fija de Presidencia, Economía o Infraestructuras, entre otros departamentos.
El importe del contrato con Inaer Helicópteros en UTE con Sau y Foresma SA, suscrito en marzo de 2013 con Serafín Castellano como conseller de Gobernación y Justicia, roza los los 38 millones de euros. La vigencia prevista era de 20 meses.
En el caso concreto de la Conselleria al frente de la cual estaba Castellano, las irregularidades detectadas tienen que ver con la conformidad de la recepción del servicio contratado. En el escrito con el que Tribunal de Cuentas le reclama a la Abogacía de la Generalitat la documentación necesaria para la investigación sostiene que no consta o es inadecuada la conformidad del servicio asociado a ese contrato.
Las actuaciones surgen de la revisión que la Sindicatura de Comptes realizó sobre los expedientes de contratación de 2013. El contrato para el Servicio de helicópteros y brigadas destinadas a las tareas de extinción de incendios fue uno de los incluidos en la muestra. La Conselleria de Gobernación presentó alegaciones, pero el ente fiscalizador la desestimó.
La sede de la empresa en Mutxamel fue registrada por la Policía el pasado enero como parte de una macrorredada en varias comunidades que se saldó con más de 20 detenidos y varios registros en Valencia y otras provincias. Entre los arrestados se encontraba el exdirector de Interior de la Generalitat, Pedro Hidalgo.
Las actuación de la UDEF derivaba a su vez de la causa abierta en un juzgado de Sagunto para investigar el posible trato de favor a la empresa Avialsa en la concesión de contratos públicos para extinción de incendios.
Tras los registros, el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, anunció que la Generalitat iba a revisar los contratos con su proveedor del servicio de helicópteros y brigadas de extinción de incendios forestales, helicópteros de urgencias sanitarias y de coordinación, entre otros.
En el escrito remitido por el director de asuntos contenciosos del Tribunal de Cuentas a la Abogacía de la Generalitat para solicitar documentación, el responsable reclama un informe en el que se justifiquen las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas y si se estima que no han causado daños al erario público.
Si se considerase que sí se produjo un perjuicio, se solicita a la Abogacía de la Generalitat que cuantifique la cuantía del presunto daño y que se acote el periodo en que se cometieron las presuntas irregularidades, así como las personas responsables.
En cualquier caso, considera "imprescindible" identificar a las autoridades y funcionarios que intervinieron en el control contable de los hechos denunciados con nombre, apellidos, DNI y domicilio de aquellas personas que tuvieron responsabilidad en el ámbito de la gestión económico administrativa denunciada como presuntamente ilícita.
En paralelo a la revisión de los contratos en vigor, el Consell ya ha comenzado a dar los primeros pasos para abrir el abanico de opciones para contratar el servicio de extinción de incendios o servicios de salvamento, tanto con aviones como con helicópteros, contratos actualmente suscritos con Avialsa e Inaer.
Con ese propósito, Presidencia convocó el pasado septiembre una consulta preliminar del mercado -un paso previo para la convocatoria de un concurso público- con el propósito de buscar "todas las alternativas de aeronaves" que pueda ofrecer el mercado actual para desarrollo de las competencias en materia de extinción de incendios forestales y protección civil.
El inicio del proceso coincidió prácticamente en el tiempo con la polémica decisión de contratar de emergencia los servicios de Avialsa para los próximos meses por 1,2 millones. El Consell recurrió de nuevo a la prórroga ante la imposibilidad de sacar a tiempo el concurso.
Apenas dos semanas después, el Consell autorizó finalmente la celebración del contrato del servicio de aviones para extinción de incendios forestales con un precio de licitación de 5,80 millones de euros sin IVA y un valor estimado del contrato de 13,93 millones, ya que es prorrogable por otros doce meses.
En paralelo, la aerolínea valenciana Air Nostrum acaba de constituir la filial Planificación y Soluciones Aéreas S.L., con la que pretende explorar las posibilidades de negocio relacionadas con la actividad aérea en ámbitos como la prevención y la lucha contra los incendios, las operaciones de búsqueda y salvamento o la publicidad aérea.
