VALÈNCIA. La utilización de los permisos penitenciarios como moneda de cambio en las negociaciones de la Fiscalía Anticorrupción para forzar la confesión en los acuerdos de conformidad ya cuenta con precedentes en el caso Cooperación. A principios de 2017, el fiscal de este caso, Vicente Torres, ya usó esta estrategia con el visto bueno de la Fiscal Jefe de Valencia, Teresa Gisbert, para lograr que otros cabecillas de la trama corrupta como el empresario César Augusto Tauroni, incriminara al exconseller Rafael Blasco a cambio de una condena mínima en las piezas 2 y 3 de este caso.
Además de fracasar, esta negociación desencadenó una grave crisis en el seno de la Fiscalía de Valencia entre los fiscales específicos de Vigilancia Penitenciaria y sus colegas de Anticorrupción, que habían actuado al margen de los primeros. Pese a este precedente, Anticorrupción ha vuelto a la carga con la misma estrategia de ofrecer permisos penitenciarios a cambio de conformidades, a pesar de que mezclar la negociación de una conformidad con la ejecución de la pena de otra pieza suponga una irregularidad.
Tal y como publicó Valencia Plaza, Vicente Torres se reunió recientemente con el director de la prisión de Picassent y los abogados de Rafael Blasco –Javier Boix y Juan Molpeceres– para negociar la concesión de permisos al exconseller, que cumple seis años y medio de cárcel tras ser condenado por malversación en el primer juicio de este caso.
Blasco condiciona la firma de ese acuerdo, que pasa por reconocer los hechos y declararse culpable a cambio de una condena mínima, al acceso a permisos de salida, que hasta ahora siempre le han sido denegados por todas las instancias administrativas y judiciales que intervienen en la concesión de los mismos al apreciar un alto riesgo de que reincida y vuelva a delinquir.
BLASCO CONDICIONA LA FIRMA DEL ACUERDO CON LA FISCALÍA, QUE LE REBAJA LA LA CONDENA DE 16 AÑOS A SOLO 2 AÑOS Y MEDIO, A LOS PERMISOS DE SALIDA
Preguntada por esta nueva negociación abierta, la Fiscal Portavoz de Valencia, Susana Gisbert, aseguró que los acuerdos de conformidad "no se pueden vincular nunca a la concesión de permisos". Pese a que esta estrategia, además de ser irregular, no dio frutos en el pasado, la Fiscal Jefe de Valencia rechazó valorarla porque, asegura, a quien le correspondería hacerlo es a la propia Fiscalía Anticorrupción en Madrid. A preguntas de este periódico sobre la postura de la Fiscal Jefe, la Fiscal Portavoz aseguró que Teresa Gisbert "está enterada de cómo trabajan" los fiscales Anticorrupción de Valencia, aunque "no sabe todos los detalles".
La Portavoz, que respondió "oralmente" a las preguntas de este periódico en nombre de la Fiscal Jefe, tampoco aclaró si Teresa Gisbert avala que fiscales de Anticorrupción estén negociando permisos al margen de los fiscales específicos de Vigilancia Penitenciaria, ni qué criterios se han seguido para rebajar la petición inicial de condena de prisión a Blasco de 16 años a los 2 y medio que se le ofrecen en el acuerdo.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, a través de un portavoz de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguró a este periódico que las conformidades de Anticorrupción "deben contar con el visto bueno del Fiscal Jefe, también en este caso deberá contar con su aval”. No aclaró, sin embargo, si el acuerdo con Rafael Blasco en el que se está negociando con permisos cuenta con el visto bueno de Madrid.
En su anterior tentativa de acuerdo, el fiscal Vicente Torres intentó que algunos de los principales acusados, que ya cumplían penas de cárcel por la condena de la pieza 1, señalaran a Rafael Blasco como elemento clave en el funcionamiento de este "grupo criminal" que saqueó las subvenciones a las ONG, según lo calificó la Abogacía de la Generalitat.
Para ello, maniobró para asumir el control de los expedientes penitenciarios que hasta entonces estaban en manos de los fiscales específicos de Vigilancia Penitenciaria, quienes siempre se habían opuesto a la salida de prisión de los principales condenados en el caso al no haber devuelto el dinero.
NI LA FISCAL JEFE DE VALENCIA NI LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO VALORAN ESTA ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN PESE A SER IRREGULAR
Tras la asunción de los expedientes, supervisada por la Fiscal Jefe de Valencia, el fiscal Vicente Torres cumplió su parte de facilitar los permisos de César Augusto Tauroni para que delatara a Blasco. Para ello, recurrió la negativa del juez a darle permisos a Tauroni pese a que días antes el fiscal de Vigilancia Penitenciaria le había pedido al juez lo contrario.
Ese giro coincidió con la negociación abierta para conseguir su reconocimiento de los delitos por los que les acusaba la Fiscalía, con el correspondiente beneficio en la rebaja de la pena. A la vista de los informes favorables de Anticorrupción sobre estos internos, el juez de Vigilancia Penitenciaria autorizó los permisos pese a no haber cambiado las circunstancias por las que hasta entonces se les habían tumbado.
Esta situación provocó una grave crisis en el seno de la Fiscalía de Valencia. Los fiscales de Vigilancia Penitenciaria manifestaron su malestar ante la injerencia de sus colegas de Anticorrupción en los expedientes de esos dos acusados. Además del inexplicable cambio de criterio de la Fiscalía, las maniobras de Anticorrupción dejaban en una situación comprometida a la Junta de Tratamiento Penitenciario, el órgano de la prisión de Picassent encargado de valorar y votar con criterios técnicos los permisos de salida, debido al agravio comparativo que esta situación producía respecto al resto de internos.
El conflicto se resolvió con la devolución a los fiscales de Vigilancia Penitenciaria del control sobre la tramitación de los permisos tras una sonada discusión a gritos en el mismo despacho de la Fiscal Jefe de Valencia.
Cualquier acuerdo de conformidad como el que se intentó entonces o el que se negocia ahora debe contar con el visto bueno del Fiscal Jefe Anticorrupción. La tentativa de pacto de principios de 2017 no prosperó porque no fue validada por el entonces jefe de los fiscales Anticorrupción, Manuel Moix.
El fiscal Vicente Torres había logrado avances con algunos de los condenados en la pieza 1 del caso para obtener su declaración voluntaria con el compromiso de acceder a permisos. Fue el caso, por ejemplo, de Augusto César Tauroni.
La declaración de este empresario, sin embargo, no llegó a producirse pese a tener incluso la cita fijada en el juzgado porque el fiscal Torres rompió unilateralmente el pacto al saber que Madrid no le respaldaba. Para justificar la marcha atrás ante los abogados de los investigados, Torres desveló que se habían producido amenazas mediante un anónimo manuscrito dirigidas al abogado de la Generalitat en el caso IVAM. Tras este incidente, el fiscal dio por terminada la negociación con el acusado: "No negocio con mafiosos".
A pesar de esos precedentes, las circunstancias se repiten un año y medio después. Tal y como desveló Valencia Plaza, Vicente Torres y el también fiscal Anticorrupción de Valencia Pablo Ponce se reunieron con el director de la cárcel de Picassent para persuadirle sobre la necesidad de comenzar a informar a favor de los permisos de salida del exconseller Rafael Blasco.
En este encuentro, confirmado a este periódico por Instituciones Penitenciarias, también participaron los abogados de Rafael Blasco, el penalista Javier Boix y Juan Molpeceres. Este último, además de abogado de su mujer Consuelo Císcar en el caso IVAM, es el encargado de los asuntos penitenciarios del exconseller del PP, quien ha puesto como condición para firmar la conformidad que se le garanticen permisos de salida.
Tras ese encuentro, el director de la cárcel transmitió a la Junta de Tratamiento de Picassent la necesidad de valorar la nueva situación del recluso a la hora de informar sobre sus solicitudes de permiso. Este órgano colegiado, integrado por técnicos de diversa índole como médicos o educadores y presidido por el propio director de la prisión, siempre ha informado contra los permisos, por lo que las directrices para que cambien su propio criterio han sido encajadas con malestar. Entre otras cosas, porque si se cambia el criterio y Blasco comienza a disfrutar de permisos se produciría un agravio comparativo que les dejaría en una situación comprometida ante el resto de presos.