La Diputación de Valencia anuncia la disolución de la empresa pública Divalterra 

VALÈNCIA. El presidente de la Diputación de València, el socialista Toni Gaspar, ha anunciado en la mañana de este martes que se van a iniciar los trámites administrativos para disolver la empresa pública Divalterra, dependiente de la institución provincial. Según han relatado a Valencia Plaza fuentes presenciales de la Diputación, el presidente ha sentenciado: "S'ha acabat [Se ha acabado]".

La decisión ha sido anunciada en la Junta General de Divalterra, el pleno de la corporación provincial, que se celebraba con el único punto del orden del día de debatir sobre el estado de la empresa pública. Gaspar ha anunciado que someterá la decisión a votación en la próxima Junta General. De esta manera, tras la disolución de la empresa, los brigadistas se integrarán en Bomberos y el resto de servicios, como Turismo, se integrarán dentro de la propia Diputación.

"Desde que ocupo este puesto en la Diputación de València, he mostrado mi denuncia constante ante la política que no aporta, la política frentista y oportunista y que busca la diferencia con el objetivo del ataque como único medio. Divalterra ha sido un exponente de este mal que sufre la política de estos tiempos de incerteza", ha asegurado Gaspar en la sesión: "La postura fácil sería contribuir esta realidad guionizada e insistir en lo mal que lo han hecho los otros y justificar lo bien que lo hemos hecho nosotros [...]. Pero ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos".

En este sentido, Gaspar ha lamentado que hasta el momento se haya cerrado "la oreja a los problemas históricos que perduran, algunos desde hace décadas, en esta santa casa que es la Diputación de València". Por ello, ha dicho que intentará "gestionar estos problemas sin caer en la tentación de la política improductiva" y que sólo trae "descrédito". "Los errores cometidos en el pasado en Imelsa y posterioremente en Divalterra", ha continuado, impulsaron la intención del gobierno de la Diputación de "dar estabilidad" a la empresa y estudiar la transformación de la firma en otro tipo de entidad o incluso su suspensión, algo planteado en 2018.

Además, ha relatado que se incluyó en el Consejo de Administración una representación de los trabajadores. "Los técnicos siguen en la mayoría en el Consejo pero esto tampoco ha permitido una gestión modélica alejada de polémicas y que dote de seguridad a los casi 600 trabajadores que la integran", ha asegurado. Por todo ello, ha subrayado que en este contexto de inestabilidad, solicitó un informe a la Intervención para analizar la viabilidad jurídica de los diferentes escenarios planteados para el futuro. Un informe que está "redactado y entregado".

"Lo más fácil sería no hacer nada, tan habitual en las grandes decisiones de esta casa, pero eso se ha acabado. En este contexto y desde mi máximo sentido de la responsabilidad, quiero anunciar que cuanto más pronto, mejor, convocaré una Junta General de Divalterra para someter la disolución, liquidación y extinción de Divalterra, que no es otra cosa que ordenar el cierre definitivo de la empresa".

La convocatoria de la Junta General, celebrada este martes, había sido exigida por los partidos de la oposición –PP, Ciudadanos y Vox– debido a la última polémica relacionada con el proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos. Ésta se desencadenó después de que el tribunal eligiera a la ganadora, pero el presidente de la empresa pública, el diputado socialista Ramiro Rivera, ordenara que se suspendiera su contratación debido a la presentación de un recurso por parte del aspirante que quedó en segundo lugar, José Fambuena. 

El gerente, Antonio Mas, desobedeció al entender que se había hecho todo correctamente, de manera que la vencedora se incorporó el pasado 18 de enero. Lo siguiente pasó a ser una guerra total a nivel interno mientras Rivera fue avalado en sus intenciones por múltiples informes del director jurídico y de riesgos penales de la firma, José Luis Vera, quien se erigió en instructor de un expediente sobre el caso. En los últimos concluyó que había que anular todo el proceso siete meses después de su inicio y la contratación de la jefa de RRHH por más de una decena de irregularidades. 

El pasado 12 de marzo, el Consejo de Administración –después de varios cambios de miembros– votó en contra de las conclusiones de los mencionados informes, desactivando así las maniobras de los cargos del PSPV, y ratificó el nombramiento de la jefa de RRHH. Lo que sí salió adelante fue la destitución del gerente. Tras esa cita, quedaba pendiente la de la Junta General.

[Noticia en actualización]