El conseller de _Transparencia, Manuel Alcaraz. Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA. Como si se tratara de una especie de Constitución para los altos cargos de la Generalitat y su sector público instrumental, la Conselleria de Transparencia ha comenzado 2018 repartiendo entre consellers, secretarios autonómicos y directores generales una carpeta con sus derechos y obligaciones. Una guía, especialmente útil, para aquellos que son novatos en la administración, ya que no solo recoge todas las leyes que regulan sus comportamientos. También directorios de teléfonos y hasta una suerte de tutorial para elaborar las leyes.
Pese a sus 92 páginas de contenido, se incluyen pocas novedades respecto a las medidas y proyectos que el conseller competente, Manuel Alacaraz, ha ido anunciado a lo largo de esta legislatura. Unos proyectos que tenían la intención, en su mayoría, de impregnar de ética y buenas prácticas la gestión todos y cada uno de los integrantes del Gobierno del Botánico. Ahora bien, hay algunas, recogidas en este carta magna de los altos cargos, que merecen especial mención.
El texto, que comienza con una breve presentación del president de la Generalitat y otra misiva de Alcaraz, desarrolla desde cada uno de los pasos que debe dar el alto cargo antes de tomar posesión hasta las limitaciones que tiene los años posteriores a haber cesado en el puesto. Es decir, no deja ningún detalle al azar en el que cualquier debutante en la administración valenciana le pueda surgir.
Así, se concretan las posibles situaciones de incompatibilidad previa al nombramiento, los trámites que se realizan de oficio al tomar posesión y los que debe solicitar que se pongan en marcha el propio interesado, copias de las solicitudes que deben cumplimentar, o las obligaciones del Gobierno, entre otras. Todos ellos, preceptos que ya están recogidos en la Ley de Incompatibilidades aprobada en Les Corts en octubre de 2016 a propuesta de Compromís y en el Código de Buen Gobierno que Transparencia aprobó cinco meses antes.
En este sentido, el manual les prohíbe que utilicen la publicidad institucional para fines partidistas, que no promuevan la instalación de placas conmemorativas que hagan referencia a altos cargos -léase la distancia que pretenden tomar con la época de antaño en la que Francisco Camps inauguraba numerosos eventos, monumentos o instalaciones de todo tipo- u "organizar actos públicos en los que se entreguen llaves de inmuebles". Asimismo, les obliga a comprometerse con que los premios honoríficos recaigan en personas que tengan un compromiso público relevante.
Precisamente a este apartado, al de publicidad institucional que recoge el Código de Buen Gobierno, se refirió la vicepresidenta del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell para justificar la ausencia de cargos de Compromís en la inauguración del tramo del "AVE" Castellón-Barcelona. "Se abstendrán de participar en actos de inauguración de obras no finalizadas o de servicios que no estén en funcionamiento", leyó la portavoz del Botànic.
Este documento, a su vez, pide que extremen la austeridad en lo que a desplazamientos se refiere, "especialmente cuando se hagan en coches oficiales". Desde hace ya un par de meses, los conductores de la Generalitat no trasladan a los consellers por no tener reconocida un complemento y dedicación exclusiva, por lo que estos han tenido que recurrir en alguna ocasión a los taxis y otro tipo de transportes públicos para acudir a los actos de agenda. Aunque, recientemente, la situación podría resolverse.
"Tienen prohibido aceptar cualquier regalo que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía", censura, además, el texto. "No utilizaran tarjetas de crédito o débito con cargo a las cuentas de la institución, corporación o entidad de la cual forman parte", reza esta especie de 10 mandamientos de los altos cargos, en las limitaciones que tendrán consellers, secretarios autonómicos y directores generales para evitar cualquier comportamiento que pueda ser tachado de sospechoso e irregular.
El manual, para finalizar, también advierte que en caso de no seguir estos preceptos los altos cargos se pueden enfrentar a sanciones. Unos castigos que, en su versión más grave, pueden ser muy severos. De hecho, se exponen al cese, si la infracción es grave y a la publicación de las irregularidades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Incluso, se contempla la imposibilidad de poder volver a ser nombrado para ocupar cargos similares por un período de hasta tres años y el reintegro de las cuantías recibidas íntegramente. Una guía necesaria para que los consellers, secretarios autonómicos y directores generales debutantes no tropiecen nada más entrar con las primeras piedras.
