VALÈNCIA. La Comunitat Valenciana contará desde el próximo jueves, 1 de febrero, con 22 oficinas repartidas en los 36 partidos judiciales de la autonomía para atender a víctimas de delitos --violencia de género, trata de seres humanos, agresiones sexuales, de la represión o menores de edad, entre otros-- de forma multidisciplinar --con abogados, psicólogos, trabajadores sociales-- y gratuita.
Así lo han indicado este lunes el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, durante la presentación pública de la nueva Red de Oficinas.
En concreto, esta nueva Red de Oficinas, ha explicado Puig, orientará a las víctimas en los trámites jurídico-legales, les informará sobre los recursos sociales a su alcance y les prestará atención psicológica.
Bravo ha explicado que se trata de un servicio de atención pública gratuita que informa, asesora y acompaña a aquellas personas que hayan sido víctimas de un delito. En ellas se ofrecerá asistencia integral y especializada a las víctimas de cualquier delito.
La Red, formada por 22 unidades multidisciplinares repartidas en los 36 partidos judiciales de la Comunitat, prestará atención jurídica, ayuda psicológica y asistencia social a las personas que se sientan víctimas, incluso en los casos en los que no se haya presentado la correspondiente denuncia.
Estas dependencias prestarán especial atención a las víctimas de la violencia de género y a los colectivos más vulnerables, como menores de edad, personas con diversidad funcional, personas en situación de exclusión social o víctimas de agresiones sexuales, ha expuesto la consellera.
Por otro lado, a la consellera se le ha preguntado por si se van a revisar los protocolos que se siguen con las víctimas de violencia de género para ver en qué están fallando. "Sí", ha respondido Bravo, quien ha agregado que se va a constituir un grupo de trabajo, integrado por personal que trabaja en la Judicatura, Fiscalía, en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Abogacía y el Instituto de Medicina Legal (IML), para revisar los protocolos porque se han detectado "varios problemas".
Al respecto, ha apuntado que las órdenes de protección a las víctimas de violencia no se pueden basar únicamente en la evaluación inicial de riesgo: "Esa evaluación aporta luz pero no es suficiente y muchas veces no es exacta", ha dicho.
Así, estima que esta evaluación debería estar complementada por los especialistas, que tendrán que trabajar con los jueces desde el IML. En este sentido, la consellera ha manifestado que van a determinar cómo reforzar la asistencia a magistrados para que este tipo de unidades de evaluación lleguen a todos los partidos judiciales.
Además, ha afirmado que tendrán que plantear al Ministerio la "necesidad" de reorganizar la planta, aumentar el número de juzgados especializados y revisar protocolos para que las unidades de evaluación desde el IML "den apoyo real y efectivo a los juzgados" para garantizar la protección de las víctimas.
"Si denuncian, no pueden quedar desprovistas de esa protección que el Estado está obligado a ofrecerles --a las víctimas", ha aseverado la consellera.
