Milagrosa Martínez, a la salida del TSJCV tras quedar en libertad bajo fianza. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los jueces y juezas españoles concluyeron en 2016 un total de 112 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 659 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo.
La Comunitat Valenciana ocupa el segundo lugar en número de procedimientos concluidos el año pasado, con 15, por detrás de Baleares (18), y el sexto lugar junto a País Vasco en número de personas procesadas, con 27.
Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial, que con la incorporación de los correspondientes al último trimestre de 2016 permite por primera vez ofrecer información de un año natural completo.
El repositorio, que fue presentado el pasado 12 de enero, es de acceso público en la web poderjudicial.es y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.
La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).
De los 112 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 21 corresponden al último trimestre de 2016.
