VALÈNCIA. La ruptura del statu quo era una premisa clave para no condenar a la Comunitat Valenciana a un nuevo sistema de financiación autonómica que arrastrara los vicios de la actual. Es lo que ocurrió en 2009, cuando la reforma se hizo sobre la base del modelo de 2002, que situó a los valencianos a la cola de la financiación per cápita.
Así lo manifestaba el director del Instituto Valenciano de Investigación Económica (Ivie), Francisco Pérez, en una entrevista concedida a Valencia Plaza el pasado mes de enero, poco después de ser nombrado representante valenciano en la Comisión del Expertos. Pérez manifestaba que "el mantenimiento del statu quo es una forma de cerrar en falso las reformas. En ocasiones, lo que se ha hecho es, además, respetar el statu quo de la forma más nociva posible, en el sentido de que se han mantenido las posiciones relativas".
Pues bien, estos argumentos han convencido a la mayoría de los expertos, a pesar de contar con fuertes resistencias, entre ellas la de los representantes del Estado. No ha ocurrido lo mismo con otro de los puntos clave de la negociación para los valencianos, una quita a la deuda de las CCAA con el Estado, que la mayoría de la Comisión de Expertos rechaza.
Respecto al statu quo, el informe no vinculante de la Comisión de Expertos, desvelado por Cinco Días, recoge la siguiente conclusión: "La Comisión considera necesario eliminar la cláusula de statu quo que se ha incluido en anteriores modelos de financiación autonómica, pero reconoce que pueden existir dificultades políticas para suprimirla de forma inmediata. Por ese motivo, se recomienda que en el año base del nuevo modelo ninguna Comunidad pierda recursos en términos absolutos respecto a lo obtenido con el modelo anterior".
La Comisión aconseja también que la absorción de las diferencias de financiación derivadas del statu quo se haga de forma progresiva y dentro del periodo de vigencia del nuevo Sistema de Financiación Autonómica, dejando su concreción para la negociación política en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
La medida propuesta contó con una fuerte oposición en la Comisión de Expertos, por parte de aquellos representantes de las comunidades más beneficiadas por el actual sistema. Se trata de Aragón, Extremadura, La Rioja, Cantabria, Castilla y León.
A todas ellas se ha unido en un voto particular conjunto la representante de la Administración General del Estado Natividad Fernández López. Otros representantes del Estado, Ángel de la Fuente y Manuel Lagares, respaldados por el representante nombrado por Madrid, sugieren "regular en cierto detalle el proceso que llevaría a la desaparición de los complementos de statu quo" y apunta una posibilidad sería la de introducir un Fondo Transitorio de Compensación.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral