La CEV denunciará el plan de envases retornables en Competencia por romper la unidad de mercado

VALENCIA. La patronal de Valencia (CEV) denunciará ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el proyecto de ley con la que la Conselleria de Medio Ambiente quiere implantar en la Comunitat un nuevo sistema de retorno de envases, conocido como SDDR, a partir de 2018. Según la organización empresarial, que canaliza la oposición prácticamente unánime de todos los sectores implicados, el plan es contrario a la Ley de Unidad de Mercado. El principal cambio para el consumidor es el pago de diez céntimos por envase que recuperará en el momento de la devolución, mientras que los comercios estarán obligados a gestionar el depósito y el retorno de los envases.

La decisión de la patronal que preside Salvador Navarro para tratar de frenar la aprobación de la Ley de Protección Adicional de Medio Ambiente para la Prevención del Abandono de Residuos se produce cuatro meses después de enviarle un manifiesto empresarial conjunto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para pedirle que frenase el plan. El jefe del Consell delegó el asunto en la conselleria de Medio Ambiente, Elena Cebrián (Compromís), que ya ha manifestado que el proyecto no tiene vuelta atrás.

La inacción del jefe del Consell con este asunto ha provocado que el descontento empresarial fuera en aumento en los últimos meses. Desde que se presentó ese manifiesto, la Conselleria de Medio Ambiente ha seguido adelante con el borrador, que ya ha sido trasladado al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAPMA) para que realice aportaciones. A ello se une el apoyo que grupo parlamentario socialista ha dado en Les Corts para instar al Consell a sacar adelante el SDDR.

Pero el elemento que ha provocado el estallido empresarial contra el SDDR ha sido la presencia del presidente de la Generalitat en la inauguración de la jornada que este martes ha organizado la Conselleria de Medio Ambiente para presentar las bondades del proyecto. El simposio destaca por la numerosa presencia de políticos y expertos extranjeros en gestión de residuos, favorables al sistema de devolución y retorno, y la ausencia de representantes locales de los sectores implicados.

La conferencia estrella la pronunciará el responsable de la implantación del sistema en Alemania, Jürgen Resch, a quien Medio Ambiente ya ha invitado en ocasiones anteriores. En las mesas redondas participarán miembros de organizaciones ecologistas y varios representantes de la Conselleria de Medio Ambiente, con el secretario autonómico, Julià Álvaro, a la cabeza.

El comercio estará representado por Francesc Ferrer, Presidente de Unió Gremial, y José Manuel Fernandez, presidente de la Federación Española de Empresas de Distribución a Hosteleria y Restauración (Fedishoreca), según el programa difundido por Medio Ambiente la pasada semana. La patronal autonómica Cierval lamentó este lunes que no se le hubiera propuesto participar en la jornada, así como a ninguna de sus organizaciones miembro.

Máximo respaldo institucional

Pero al margen de no haber sido invitados, lo que mayor malestar ha causado en la patronal es la presencia del presidente de la Generalitat en la inauguración de este encuentro. Su asistencia no se confirmó hasta mediados de la pasada semana. De hecho, en la primera versión del programa estaba previsto que fuera la vicepresidenta Mónica Oltra la encargada de abrir el encuentro. Con la confirmación de Puig, Oltra pasa al cierre, con lo que la jornada contará finalmente con un claro respaldo institucional.

Parte de los empresarios críticos con el plan trasladaron a Puig su disconformidad respecto a su participación en esta jornada el pasado jueves, cuando coincidieron en la entrega de los premios de la patronal del metal Femeval.

Precisamente este lunes, horas antes del inicio de la jornada, Cierval informó de que el manifiesto que promovió el pasado verano junto a la CEV ya cuenta con el respaldo de casi medio centenar de organizaciones que se unieron a las firmas de la Asociación de Supermercados Asucova -Mercadona, Consum, MasyMas, Dialprix-, la asociación de grandes empresas Anged -El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski-, la confederación de empresarios del comercio de la Comunitat Cecoval y otras seis grandes organizaciones sectoriales.

En el documento, las organizaciones empresariales del sector de la fabricación, el envasado, distribución y venta de refrescos, zumos aguas y cervezas detallan los problemas que, a su juicio, ocasionará un sistema cuya viabilidad cuestionan. Los inconvenientes de los que alertan son de diversa índole, desde económicos a sanitarios. "En la actual coyuntura de incipiente recuperación económica, las empresas están en un momento estratégico donde no se puede improvisar con medidas que condicionan su competitividad sin garantías de obtener unos resultados medioambientales eficientes", advertían los firmantes al presidente de la Generalitat.

El manifiesto sirvió para reflejar la postura que los empresarios ya le trasladaron a Ximo Puig durante una reunión con el comité ejecutivo de la CEV. Según recordó Cierval este lunes, la propuesta para implantar el SDDR en la Comunitat "afecta a la unidad de mercado y complicará la gestión de las empresas al coexistir con el reciclaje aplicado en el resto del territorio español".

Cuando entre en vigor, en la Comunitat coexistirán dos sistemas de gestión de envases, según el tipo de residuo. Con el SDDR los recipientes de de agua, zumo, cerveza y refrescos en formatos de vídrio, pet (plástico), latas y tetrabrik pasarían ser gestionados directamente por los comerciantes en lugar de ser depositados en los contenedores como hasta ahora.

Con ello, Ecoembes, gestor de ese sistema de recogida selectiva y radicalmente opuesto al SDDR, dejará de gestionar cerca de un 20% de los envases que recoge actualmente, con los que obtiene el 30% de sus ingresos por la venta del material a las plantas de reciclaje.

Con el SDDR, el consumidor pagará 10 céntimos más por cada envase que recuperará en el momento de la devolución del mismo, mientras que el comercio obtiene dos céntimos con la gestión. Según la Conselleria, el pequeño comercio manejará alrededor de 35 millones cada año con la implantación de este sistema.

Pero las empresas lo ven de manera distinta. Entre los problemas que aprecian, destacan el incremento de los costes de producción "por la complejidad logística y de distribución, la diferenciación del etiquetado y la posible tasa administrativa". Por ello, insta a la Generalitat a "reflexionar" y se ofrece para, a través del diálogo con las organizaciones, "buscar mecanismos que permitan mejorar la eficiencia y las tasas del reciclado de envases".

Que no pase como con los horarios comerciales 

Con su postura de acudir a Competencia, la CEV, que se plantea dar traslado del proyecto incluso en su fase de borrador, pretende que se aclare el impacto del proyecto, del que alertan que, tal y como está previcto ahora, rompe la unidad de mercado.

Desde la organización destacan que sería prudente contar con un informe previo al respecto por parte de la autoridad autonómica de defensa de la competencia, que depende de la Conselleria de Economía. De lo contrario, la Comunitat podría verse envuelta en un embrollo similar al de la regulación de los horarios comerciales, que algunas de las empresas afectadas consiguieron que llegase hasta la Audiencia Nacional tras recurrir ante Competencia con el argumento de la ruptura de la unidad de mercado.

En este sentido, aseguran que pedirán a la Generalitat que se cree una mesa de trabajo para explorar posibilidades de mejora del sistema actual y recuerdan que la CNMC tiene potestad de recurrir la normativa autonómica.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Valencia, que ya manifestó su intención de alegar contra el proyecto por considerarlo ilegal, informó este lunes que ha enviado un escrito a la Consellera de Agricultura en el que se le reitera la disconformidad con el borrador del proyecto de ley.

Encuesta nacional

Por su parte, Medio Ambiente demuestra que está convencida de sacar adelante el plan. Este mismo fin de semana difundió una encuesta encargada a LinQ Market Research en la que se aseguraba que el 95% de los ciudadanos vería con buenos ojos la implantación de este sistema.

La encuesta, basada en mil entrevistas telefónicas, se realizó sobre un universo de población nacional a pesar de que el sistema está previsto que se implante en la Comunitat. 

A juicio de Julià Álvaro, 5 de los 7 millones de envases que se general al año en la Comunitat van a parar "donde no toca". Al tener que abonar diez céntimos adicionales por los envases, el responsable cree que se podrá alcanzar una tasa de recuperación del 90% en un plazo de nueve años.