VALÈNCIA. Los más de 20 miembros no ejecutivos que se sentaban en el consejo de administración de Bancaja hace diez años están a un paso de quedar desimputados en el caso Grand Coral, para el que juez Diego de Egea dictó el pasado 8 de noviembre un auto de apertura de juicio oral en el que estaban incluidos. El magistrado procesaba a un total de 48 personas entre directivos de Bancaja y su filial Banco de Valencia y empresarios por las operaciones inmobiliarias que realizaron en México y que habrían causado un agujero de 750 millones de euros a Bancaja y su filial Banco de Valencia. En conjunto, De Gea les imponía unas fianzas de responsabilidad civil que suman más de 1.437 millones de euros.
Sin embargo, el pasado miércoles se reunía la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para resolver los recursos de los imputados contra el auto de procedimiento abreviado dictado por el juzgado -entonces con Carmen Lamela al frente- el 31 de julio, procedimiento que desembocó en la apertura de juicio oral. Y lo que ha dicho la Sala respecto de los consejeros no ejecutivos, al menos sobre dos de ellos, es que "las imputaciones realizadas sobre la participación delictiva de los recurrentes no están sustentadas en datos contrastados que no sean el votar a favor de la propuesta de inversión analizada por los expertos", fundamentalmente los del comité de riesgos del banco.
En otras palabras, estos consejeros se limitaron a votar a favor de unas operaciones inmobiliarias que habían sido revisadas por el comité de riesgos, por lo que la Sala no ve ningún reproche de tipo penal en su voto a favor. Por ello, decide "declarar la nulidad del auto" del mes de julio en la parte que suponía continuar las actuaciones respecto a estos consejeros.
El auto que ha podido consultar Alicante Plaza corresponde a los consejeros Manuel Escámez (expresidente de la Bolsa de Valencia) y Vicente Montesinos. La decisión de la Sala, contra la que no cabe recurso, es la misma para todos los consejeros no ejecutivos, según ha confirmado la Audiencia Nacional a los abogados defensores, aunque se notifica de forma individual y esa notificación no había llegado este viernes a todos ellos. Fuentes de las defensas consultadas por Alicante Plaza confirmaron que había sido notificada al menos a cuatro: Manuel Escámez, Vicente Montesinos, Ana María Torres y Rocío Peramo. Pero las mismas fuentes aseguran que llegará a todos.
El resto de consejeros no ejecutivos, para los que la Fiscalía solicitaba 2 años de prisión y más de 300 millones de euros por apropiación indebida, son Ángel Villanueva, Josefa Martí, José María Catalunya (exsecretario de Finanzas del PSPV), Eduardo Montesinos (director general de Trabajo en el Gobierno de Lerma), Ángel A. Alvárez, Rafael Ferrando (expresidente de Cierval), Francisco V. Gregori, Ana Llanos Herce, Teresa Montañana, Ernesto Pascual, Remigio Pellicer, Juan A. Pérez Eslava, Matilde Soler, Isaïes Fayos, Héctor Ferras, Carmen Hernández y Francisco E. Villena.
El auto de la Sala de lo Penal no supone el fin del proceso para estos investigados, ya que es el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Diego de Egea, quien debe dar el carpetazo definitivo. No obstante, dictada ya la apertura de juicio oral y no habiendo nuevas pruebas contra los exconsejeros, es probable que acabe dictando el sobreseimiento.
Escámez y Montesinos argumentaron en su recurso que eran consejeros no ejecutivos, que no conocían a las personas con las que Bancaja realizó la operación -los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó- y que la regla en todas las operaciones que pasaban por el Consejo de Administración era que los asuntos fueran examinados por los expertos económicos de la entidad bancaria y, en especial, el Comité de Riesgos, que proponía y recomendaba la aprobación.
El archivo para estos exconsejeros, si se confirma, reducirá a casi 30 el número de personas que se sentarán en el banquillo de los acusados cuando empiece el juicio. Entre ellos están el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia José Luis Olivas; el exconsejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, y el ex director general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, acusados de apropiación indebida y administración desleal en las inversiones inmobiliarias que las entidades financieras que dirigían realizaron en México a través del Grupo Grand Coral.
La Fiscalía solicita 6 años de cárcel para cada uno de ellos y les requiere, junto a otros procesados entre los que también se encuentran los empresarios Ferri y Baldó, que presten de forma conjunta y solidaria una fianza de de 639 millones de euros. También responden de esta fianza los acusados Alfonso Monferrer, Juan Poch, Fernando Rodríguez, Luis Candela, Marc Smet y Daniel Henry Kragt.
En el caso de Aurelio Izquierdo y Domingo Parra, el juez también añade el delito continuado de blanqueo de capitales. Entre los acusados por el juez también figuran los empresarios Eugenio Calabuig y Vicente Llácer, para quienes la Fiscalía reclama una pena de 3 años de cárcel y una multa de 88 millones de euros como cooperadores necesarios de un delito de blanqueo de capitales. El Ministerio Público reclama también 2 años de prisión para el exvicepresidente de Banco de Valencia Antonio Tirado, acusado por el juez como cooperador necesario de los delitos de apropiación indebida y administración desleal para el que la Abogacía del Estado eleva la petición de condena a 3 años.
Según el relato de los hechos que hacía la juez Carmen Lamela, que fue la magistrada que procesó a los 48 directivos el pasado mes de agosto antes de que De Gea asumiera el Juzgado Central de Instrucción número 3, entre 2005 y 2009, Bancaja –integrada en Bankia– y Banco de Valencia –comprado por CaixaBank– participaron en inversiones inmobiliarias "diversas y de una enorme magnitud económica" en Baja California y Rivera Maya formando parte del llamado Grupo Grand Coral.
Según la magistrada, "los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch", beneficios que suman alrededor de 170 millones de euros.
En ese momento, las entidades estaban presididas por Olivas, los directores generales eran Aurelio Izquierdo y José Fernando García Checa y el consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, todos ellos procesados.
La operativa se llevó a cabo de cinco operaciones: los proyectos Emerald, Zacatón, Piedras Bolas y Vinoramas; movimientos accionariales en sociedades y contratos de gestión a favor de Ferri y Baldó.
Según el auto de procesamiento, toda esta operativa estaba "realmente" dirigida "desde dentro" de las entidades porque a Izquierdo y Parra "les guiaban espurios intereses económicos" conjuntos con Ferri y Baldó, a lo que se unió la "postura consentidora" de Olivas, entre otros.
Sobre el expresidente valenciano, el auto explica que "conoció y alentó las inversiones millonarias" que se estaban realizando en Grand Coral, lo que entiende como un "continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó", de tal manera que éstos, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas, le pagaron hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.
Asimismo, durante la instrucción se pudo determinar una presunta operativa de blanqueo a través de las cuentas en Andorra controladas por Aurelio Izquierdo y Domingo Parra que gestionaban tanto cuentas propias como la cuenta de la empresa Summerville, en la que se recibieron 16 millones de dólares de la "injustificable plusvalía" de la operación Zacatón y Piedras Bolas, que, según los indicios, se pudieron repartir Izquierdo y Parra junto con los hoteleros Ferri, Baldó y Poch.
Por este motivo, la Fiscalía pide para Parra e Izquierdo 12 años de prisión por los presuntos delitos de apropiacion indebida y blanqueo de capitales, los mismos que para los empresarios Ferri, Baldó y Poch, mientras que a Olivas le atribuye sólo el primero de los delitos y solicita para él 6 años de cárcel. Para los otros procesados el Ministerio Público reclama penas que oscilan entre los 2 y los 6 años de prisión.