La Audiencia Nacional cree al 'Bigotes' y sienta en el banquillo a Camps

VALÈNCIA. Francisco Camps se sentará en el banquillo siete años después de que un jurado popular le absolviera en la conocida como causa de los trajes en el caso Gürtel. El expresidente de la Generalitat recibió este martes el auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional rechazando su apelación contra el auto de procesamiento del magistrado José de la Mata, quien le acusa de los delitos de fraude y prevaricación, dentro de la pieza del caso Gürtel que investiga el contrato del stand de grandes eventos de Fitur en 2007.

El auto explica cómo Francisco Camps no solo dio presuntamente a dedo contratos a la trama corrupta, sino que además lo hizo para acallarlos por la morosidad mantenía con la empresa Orange Market por la financiación irregular del PPCV.

En otras palabras, la Audiencia Nacional da credibilidad a lo declarado hasta ahora por Álvaro Pérez 'el Bigotes', así como a la sentencia sobre la financiación ilegal de los populares valencianos en la que varios de los acusados, entre ellos el que fuera número dos del PP Ricardo Costa, aseveraron que Francisco Camps era plenamente conocedor de dicho 'dopaje'. Fue, de hecho, esa sentencia y las declaraciones realizadas en el juicio lo que llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar que la causa de Fitur, señalada para juicio, volviera a instrucción para poder imputar a Camps.

El auto

En el auto de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, la parte que deja en evidencia el discurso mantenido durante años por Camps, es decir, su empecinamiento en que nunca mantuvo ninguna relación personal con el representante de la trama Gürtel en València, Álvaro Pérez, es la que explica los indicios racionales de delito.

Según los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Fermín Javier Echarri, ha quedado acreditada, de manera indiciaria, "la estrecha relación entre Camps y Pérez por la existencia de la importante deuda que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana tenía con Orange Market, y respecto de la que existen diversos precedentes, por la participación de Camps en adjudicaciones relacionadas con aquel".

Dicho esto, el auto va más allá y explica los motivos por los que los magistrados creen que Camps dio a dedo el contrato de Fitur a Orange Market. Esgrimen que "la adjudicación de los contratos direccionados por Camps se produjeron con la finalidad de ganar tiempo y calmar a Álvaro Pérez ante los continuos requerimientos que hacía para que se saldara la cada vez más voluminosa deuda del PPCV con Orange Market".

En cuanto a otro de los pilares de la defensa de Camps, el hecho de que la principal imputada, la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars afirmara en su declaración ante De la Mata que "nunca recibió órdenes de Camps" y que ella departía con la jefa de prensa Núria Romeral, los magistrados le responden de forma contundente.

Afirman a este respecto que "Presidencia sería ese año quien se ocuparía de la contratación, y que la haría Orange Market, limitándose las instituciones a contratar a esta empresa y atender el presupuesto que validó Presidencia". Y apostillan que "resulta irrelevante que Dora Ibars despachara en el año 2008 con el presidente, o fuera Romeral quien lo hacía. No es tanto una cuestión de reuniones o entrevistas, sino de toma de decisiones". Así, los magistrados afirman que aunque Francisco Camps no firmara la adjudicación, sí que ven indicios de que fue él la persona que la decidió.

Este auto inclina la balanza hacia las conclusiones del magistrado instructor, en cuyo auto de procesamiento se decía, literalmente, que existen "un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat participó en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market".

Ahora, en 2019, siete años después de su primera absolución, cuatro imputaciones y dos archivos después, la Justicia vuelve a sentar a Camps en el banquillo. La única pregunta que queda por contestar es si volverá a salir absuelto o si, por el contrario, será condenado a los dos años y medio de prisión que solicita la Fiscalía Anticorrupción o a los nueve que pide la acusación popular ejercida por el PSOE.