La Audiencia Nacional cierra la última pieza del 'caso Gürtel' y propone juzgar a 21 personas 

VALÈNCIA (EFE) El juez José de la Mata ha concluido la instrucción del caso Gürtel con el procesamiento de 21 personas físicas y 19 jurídicas por delito fiscal, delito continuado de falsedad en documento mercantil y blanqueo, entre ellos los principales cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo.

En un auto notificado este lunes, el magistrado ha acordado el pase a procedimiento abreviado de la pieza principal de Gürtel, la última que quedaba por concluir, de la que finalmente han quedado fuera 28 personas ante la falta de indicios.

Entre esos 28 destacan Álvaro Pérez, El Bigotes, y Cándido Herrero, ex propietario y exgerente de la empresa de Orange Market, la empresa de la trama Gürtel en Valencia.

El juez ha archivado esta causa para ellos porque los hechos que se les atribuían han sido investigados en otras piezas de Gürtel, y ha acordado asimismo el sobreseimiento respecto al exdiputado del PP Jesús Merino y al exconsejero de la empresa Dregemont Plácido Vázquez, en su caso por prescripción.

También han quedado fuera varios trabajadores de las sociedades que participaron en la gestión y administración de las empresas de del conocido como "Grupo Correa", al no quedar acreditado que fueran conscientes del objetivo defraudatorio llevado a cabo por sus responsables.

Entre los investigados a los que De la Mata propone juzgar figuran, además de Correa y Crespo, sus asesores fiscales Luis de Miguel y el blanqueador de la trama y exvicepresidente de Repsol YPF Jose Ramón Blanco Balín.

También han sido procesados empresarios y testaferros que participaron en la operativa para eludir pagos a Hacienda y ocultar los fondos.

Lo que se ha investigado en esta última pieza son los posibles delitos contra la Hacienda Pública que pudieron haber cometido Correa y Crespo para ocultar su patrimonio; que en gran parte presuntamente procede, indica el juez, de las actividades ilícitas investigadas en las otras piezas de Gurtel.

Según el magistrado, la finalidad del grupo era enriquecerse ilícitamente de forma sistemática, con cargo a fondos públicos, "con quienes se concertaron para vulnerar la normativa administrativa en materia de contratación pública, emitieron facturas falsas para opacar los fondos obtenidos, ocultaron a la Hacienda Pública los ingresos ilícitos obtenidos y los blanquearon para tratar de retornar a la vida mercantil lícita".

Esos fondos tendrían su origen en el cobro de facturas falsas y en el de comisiones indebidas no declaradas a la Hacienda Pública.

En el caso de Correa y Crespo, el magistrado les imputa un delito contra la Hacienda Pública a título de autores al considerar acreditado que las cantidades multimillonarias que obtuvo Correa "las percibió ocultándolas a través de una compleja estructura societaria y financiera, justamente para conseguir defraudar a Hacienda simulando la inexistencia de ingresos".

De hecho, según recuerda el juez, no presentó ninguna declaración tributaria desde al menos el año 1999, ocultando sus ingresos y rentas.

Respecto a Crespo, el juez también sostiene que ocultó una parte de sus recursos económicos que procederían de su intermediación en adjudicaciones irregulares y de inversiones realizadas con Correa, y procesa como cooperadores necesarios del delito contra la Hacienda Pública a los asesores fiscales De Miguel Pérez y Blanco Balín.

Sobre el delito de blanqueo, el magistrado describe una estrategia planificada bajo la dirección de Correa y Crespo, regida por el principio de jerarquía y con la misión claramente definida de "enriquecimiento de su líder, Correa Sánchez".

En esa operativa de blanqueo el magistrado destaca el papel de sus asesores jurídicos también investigados, la utilización de una compleja estructura de sociedades interpuestas o de inversiones directas en el exterior, préstamos concedidos a no residentes, financiación concedida a filiales residentes, mezcla de dinero lícito e ilícito, inversiones en el sector inmobiliario y uso masivo de efectivo como medio de pago.

La notificación de este auto ha coincidido con el inicio del juicio por la contratación de la trama Gürtel para actos relacionados con la visita del papa Benedicto XVI a València en 2006.

Con esta última pieza, quedan por juzgar del caso Gürtel las contrataciones irregulares de la trama en las localidades madrileñas de Boadilla y Arganda, y la causa abierta al expresident de la Generalitat Francisco Camps por supuestas irregularidades en adjudicaciones para Fitur de 2009.