Joan Llinares. Foto: DANIEL DUARTVALÈNCIA. Hace apenas un año, Les Corts daban luz verde a uno de los proyectos estrella de Podemos: la Agencia Antifraude. El trámite no fue sencillo. Los grupos parlamentarios presentaron más de 200 enmiendas que cambiaron la norma planteada inicialmente por los morados de arriba abajo. Además de cuestiones técnicas del articulado, las competencias que ésta tendría o de quién dependería orgánicamente, distanciaban a los partidos del Consell de su socio crítico parlamentario, Podemos.
Ahora, con el proceso para seleccionar a la plantilla finalizado y la búsqueda de una sede en la que asentarse en marcha, el director de la oficina Joan Llinares ha solicitado a la Mesa de Les Corts hacer algunos cambios en la ley que se aprobó el 10 de noviembre de 2016.
La primera de ellas, respecto a la naturaleza jurídica de la agencia. Llinares quiere que no sea considerada una "entidad de derecho público", si no pasar a figurar como una "institución". Según consta en el escrito presentado ante el registro de entrada de Les Corts, tras la puesta en marcha de este organismo y mantener algunas relaciones con otras entidades, se ha producido en ocasiones el equívoco de que algunos agentes la han encuadrado "de forma incorrecta" dentro del Sector público instrumental de la Generalitat.
Así, justifica que las entidades de derecho público de la Generalitat tienen "rasgos bien diferenciados" con los que tiene la agencia. Entre ellos, por ejemplo, la dependencia funcional de una o varias consellerias. En este punto conviene recordar que la oficina antifraude está adscrita a Les Corts Valencianes, una de las exigencias de Podemos desde el inicio del trámite de la ley y que generó un distanciamiento con PSPV, que quería que dependiera de Presidencia, y Compromís, que prefería que lo hiciera de la Conselleria de Transparencia.
Llinares, que levantó las alfombras del Palau de la Música Catalana tras destapar el 'caso Millet', describe también que las entidades de derecho público realizan actividades o gestionan servicios "para el cumplimiento de los programas correspondientes a las políticas públicas que desarrolla la Administración"; "desarrollan acciones con arreglo a un plan de acción anual aprobado por el Consell a propuesta de la conselleria" de la que depende; y, además, "se rigen por el derecho privado". Varias razones que no hace la agencia antifraude.
Las objeciones del Elliot Ness valenciano a la ley no quedan ahí. El artículo 29 de la norma fija que los puestos de trabajo "se clasificarán y proveerán de acuerdo con las normas de la Ley de función pública valenciana". Una redacción a la propone que se añada: "Sin perjuicio de la regulación que de forma específica pueda establecerse reglamentariamente por la agencia".
Si bien la ley de la agencia contempla que la plantilla de este organismo lo compondrán funcionarios de carrera de las administraciones, a Llinares no le parece "lógico ni razonable que el personal funcionario de carrera de la agencia procedente de otras administraciones o instituciones, pueda ver disminuidos sus derechos como consecuencia de su incorporación". Es decir, quiere evitar que mengüen las condiciones laborales de las personas que sean destinadas a la agencia o que este factor pueda desalentar a los interesados en formar parte de la plantilla.
Por ello, aunque el también impulsor de la Oficina de Transparencia en Barcelona mantenga que se rijan por la ley de función pública, quiere que se añada su redacción con el fin de que el "posterior desarrollo reglamentario desarrollado por la propia agencia... determine las condiciones laborales del personal".
Con base a todos estos argumentos, la agencia también argumenta que no podría "estar sometida al régimen de intervención general de la Generalitat" debido a que ésta actúa con independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones.
De esta manera, no sólo pide acomodarse a los presupuestos de Les Corts, en las que al fin y al cabo están representados cinco partidos políticos y cuya actuación no responde a ningún interés particular. También que la contabilidad de la oficina antifraude esté sujeta a los principios de contabilidad pública "y al sistema de autorización, disposición, obligación y pago para asegurar el control presupuestario". Con esto, se compromete a justificar su gestión de manera anual a un órgano independiente como es la Sindicatura de Comptes.
Para contar con un marco legislativo adecuado y que no dé pie a confusiones o interpretaciones dispares, Llinares también quiere que cambie la disposición que fija que el director de la oficina antifraude, a los seis meses de acceder al cargo, deba presentar ante Les Corts y el Consell el reglamento de funcionamiento.
Valiéndose de los antecedentes de instituciones como el Síndic de Greuges o la Sindicatura de Comptes, el exasesor en el ayuntamiento de Barcelona razona que mantener "la aprobación del reglamento por el Consell, podría afectar a la necesaria independencia de actuación". Además, añade: "En ninguno de los casos el reglamento de desarrollo de las leyes se aprueba, al tiempo, por Les Corts y por el Consell", es decir, por el legislativo y ejecutivo. Así, apela a la división de poderes.
Después de que el Consell haya cuantificado un total de 2,8 millones de euros para su funcionamiento el próximo ejercicio, Llinares pide que la disposición adicional primera de la ley de presupuestos de 2018 incluya a la Agencia Antifraude. Este artículo en concreto, engloba a una serie de instituciones y órganos estatutarios a los que se les permite que incorporen el remanente de presupuestos anteriores a los mismos capítulos de las cuentas del año siguiente.
Cabe recordar que el Ejecutivo valenciano destinó 1,5 millones de euros a esta oficina en el presupuesto de 2017. Una partida que apenas se ha ejecutado, debido a los retrasos para ponerse en marcha. Tal y como publicó Abc, la mayoría del presupuesto del próximo año (2,1 millones de euros) se destinarían al primer capítulo: gastos de personal. La segunda partida más cuantiosa iría destinada a amortizar los bienes corrientes (450.200 euros) y las inversiones en 190.000 euros.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
