VALÈNCIA. (EP). El director de la Agencia de Prevención y Lucha Contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, Joan A. Llinares, ha aprobado la primera resolución de este nuevo ente por la que se reconoce el estatuto de la persona denunciante a un funcionario de habilitación nacional de la subescala de secretaría-intervención destinado en un municipio de la provincia de Alicante que denunció un presunto fraude acaecido en su Ayuntamiento. La investigación de dicho fraude se tramita por un juzgado de instrucción y cuenta con el impulso de la fiscalía anticorrupción.
Según ha informado la Generalitat en un comunicado, la Ley de la Generalitat Valenciana por la que se crea la Agencia Antifraude (Ley 11/2016) instituye en su artículo 14 el Estatuto de la persona denunciante por el que se protege a quienes alertan de casos de corrupción y tiene por objeto asegurar que por esa acción el informador no sufra represalias ni se le perturbe en su carrera profesional o su vida personal.
Cuando el denunciante invoque la aplicación del estatuto regulado en
esta ley -como ha ocurrido en este caso- la Agencia debe iniciar el procedimiento para asistirle e impedir actuaciones lesivas derivadas de la presentación de la denuncia.
Paralelamente, y sin necesidad de previa declaración o reconocimiento, las personas denunciantes de buena fe recibirán inmediatamente asesoría legal para los hechos relacionados con la denuncia y tendrán siempre garantizada la confidencialidad de su identidad.
En el caso de que se produzcan actuaciones que perjudiquen la vida profesional o personal de un denunciante, la Agencia instruirá procedimiento sancionador contra el autor o autores de las represalias que pueden implicar la imposición de sanciones de hasta 400.000 euros.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
