VALÈNCIA. Seis años después de poner en marcha el plan para reestructurar las instituciones feriales valencianas, el Consell sigue sin dar con la fórmula para resolver los problemas de Feria Valencia e IFA. El último revés ha sido el informe de la Abogacía de la Generalitat que desbarata el plan de la Conselleria de Economía para transformar las instituciones feriales en corporaciones de derecho público tuteladas por la Generalitat como solución a sus problemas económico patrimoniales, acabar con la indefinición sobre su naturaleza jurídica y procurar su viabilidad futura.
En su informe sobre el Decreto-Ley que regula esa conversión en corporaciones de derecho público, el órgano consultivo plantea una enmienda a la totalidad de la norma elaborada por el subsecretario de la Conselleria de Economía que ostenta la competencia sobre los recintos feriales, Natxo Costa, y le obliga a comenzar de cero. El documento cuestiona la competencia de la Generalitat para la transformación jurídica planteada, censura la fórmula del Decreto-Ley al no ver justificada la extraordinaria urgencia y necesidad y, sobre todo, concluye que ni asegura su viabilidad económica futura ni resuelve el problema de su deuda.
Respecto a esto último, el informe de la Abogacía, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, cita varios informes emitidos por la Conselleria de Hacienda en contra de este proyecto de Decreto-Ley en los que se plantea la integración de Feria Valencia en el sector público de la Generalitat como fórmula para eliminar la deuda que arrastra.
En sus conclusiones, la Abogacía subraya que, si las instituciones feriales no pasan a formar parte de su sector público, la Generalitat no podrá garantizar su viabilidad financiera con mecanismos sí previstos para las administraciones públicas como el contrato-programa ni tampoco podrá "cederle o adscribirle sin más las instalaciones feriales que son de su pertenencia".
La solución de Economía, de hecho, estaba condicionada a que la Conselleria de Hacienda accediese a liberar a Feria Valencia e IFA la cuenta acreedora a favor de la Generalitat como compensación por haberse subrogado su deuda, de 474 millones y 76 millones, respectivamente.
En el caso de Feria Valencia, y con el objetivo compensar la deuda que mantiene con la Generalitat, el Ayuntamiento de València aceptó recientemente transmitir a la Generalitat, mediante una mutación demanial gratuita, la totalidad de los inmuebles que integran la concesión otorgada a Feria Valencia para la explotación de la actividad ferial, con lo que la la Generalitat pasa a ser la administración concedente de la concesión.
El origen de esa deuda son las subvenciones que la Generalitat ha dado año tras año a Feria Valencia para pagar las obras de su ampliación, ya que fueron financiadas con aval público.
La cancelación de la cuenta acreedora a favor de la Generalitat es el punto esencial por el que las conselleries de Economía y la de Hacienda mantienen vivo su enfrentamiento sobre Feria Valencia, ya que el éxito de la solución que plantea el decreto de Natxo Costa está condicionada a esa cancelación de la deuda.
El departamento que dirige Rafael Climent, que siempre ha defendido el control público de la institución, apuesta ahora por una corporación privada con tutela pública, una fórmula similar a las cámaras de comercio pero sin garantías de que Feria Valencia e IFA no tengan que depender en el futuro de las subvenciones públicas si no obtienen suficientes recursos con su propia actividad.
Enfrente, la Conselleria de Vicent Soler considera que la fórmula para borrar definitivamente la deuda de Feria Valencia con la eliminación de la cuenta acreedora a favor de la Generalitat es su integración en el sector instrumental mediante su transformación en una empresa pública.
La solución hallada por Economía, con todo, sí era del agrado del empresariado de los sectores relacionados con el recinto ferial valenciano porque, al prever su funcionamiento como una entidad de carácter mercantil, facilitaba la vía para establecer fórmulas de colaboración con operadores privados, una de las fórmulas que exploran sus gestores para la viabilidad del negocio en el futuro.
Para justificar la falta de legitimidad de la Generalitat para transformar las ferias autonómicas en corporaciones de derecho público, la Abogacía recuerda los requisitos fijados por el Tribunal Constitucional para entender justificada esa figura. Por un lado, el recurso a este tipo de agrupación social debe ser excepcional y, sobre todo, basarse en la importancia de las funciones públicas que se le atribuyen y dificultad o imposibilidad de atender a tales fines públicos por otro cauce.
"Resulta incoherente que la principal función de las instituciones feriales, se pretenda articular como función pública, cuando en realidad no lo es, y ya se viene desarrollando como asociaciones, con sujeción al derecho privado y en régimen de libre competencia", refleja el informe. Por ello, la Abogacía insta a Economía a identificar las funciones públicas específicas que justificarían la transformación de las instituciones feriales en corporaciones de derecho público, que tiene unas "consecuencias jurídicas importantes" al implicar la adscripción forzosa de los miembros a dicha institución.
La Abogacía, de hecho, no aprecia inconveniente en que las instituciones feriales sigan funcionando como asociaciones de interés público y en las conclusiones del informe sugiere al departamento de Rafael Climent la fórmula del consorcio público como posible solución al problema a pesar de que el Ayuntamiento, tras ceder los edificios, no tiene interés en promover un consorcio local.
A ello se une, además, que la Generalitat no sería competente para constituir y regular la organización y funcionamiento de una corporación de derecho público que no haya sido previamente creada y regulada mediante ley estatal. Y menos mediante un Decreto-Ley porque, según la Abogacía, no concurre en este caso una extraordinaria y urgente necesidad que no pueda conseguirse por el trámite parlamentario ordinario.
El referente más cercano al nuevo encaje jurídico de las instituciones feriales que proponía la Conselleria de Economía son los colegios profesionales o las Cámaras de Comercio, corporaciones de derecho público que colaboran con la administración en aspectos como la internacionalización de las empresas o la realización de estudios y proyectos relacionados con la actividad comercial.
Sin embargo, la Abogacía alerta de que, tal y como está planteada ahora, la norma propuesta puede incurrir en duplicidades respecto de las funciones que ya ejercen las Cámaras de Comercio en virtud de la legislación básica estatal.