SAN VICENTE DEL RASPEIG. La crisis económica que ya ha comenzado a sacudir España está empujando a personas y familias al filo de la vulnerabilidad. Hacer frente a los gastos de un hogar o los derivados del mismo resulta, en ocasiones, una tarea malabarística. En este sentido, el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha elaborado una ordenanza reguladora para la adjudicación y uso de las viviendas de emergencia social con la finalidad de ayudar al colectivo en riesgo de vulnerabilidad y de aportar soluciones de emergencia habitacional.
Este documento fue aprobado por unanimidad de los distintos grupos políticos en el pleno del pasado miércoles 29 de julio. Las ayudas a las que podrán optar las personas y/o familias tienen la capacidad de "subvencionar hasta el 100% de la renta de alquiler de la vivienda habitual con un límite de 600 euros o hasta el 100% de los gastos para atender a los costes de mantenimiento, comunidad y suministros básicos de viviendas integrantes del parque municipal de viviendas con un límite de 200 euros al mes", traslada Isabel Candela (PSOE), concejala de Bienestar Social.
Tras publicar el BOP el texto definitivo de esta ordenanza el pasado jueves 30 de julio, el Ayuntamiento abrió el plazo a través del cual la ciudadanía puede solicitar dichas ayudas. Para poder tramitarlas existen dos opciones: a través de la sede electrónica o de forma presencial en la oficina del CIVIC, con una fecha máxima de dos meses a contar desde el 31 de julio.
Con las solicitudes que se reciban se elaborará una lista de acuerdo con los criterios de valoración de la ordenanza. A partir del momento de publicación de este listado en el tablón de anuncios y en la sede electrónica, el plazo quedará abierto durante todo el año y la adjudicación de las viviendas se realizará atendiendo a los criterios fijados y a la disponibilidad de los inmuebles.
Las bases reguladoras sostienen que el objetivo prioritario de esta ordenanza consiste en "ofrecer un alojamiento temporal a aquellas unidades de convivencia que, por diversas causas, han quedado sin alojamiento durante el último año y requieren una vivienda inmediata y provisional". Una "necesidad básica", ratifica Candela, quien también expone que "defender los derechos habitacionales significa reivindicar los compromisos asumidos por las administraciones públicas".
Este instrumento regulador pretende "dar un paso más" en materia de política social y, como consecuencia, "no dejar a nadie atrás", garantiza la edil. Explica, además, que los créditos que financiarán estas subvenciones provienen, por un lado, "de fondos propios del Ayuntamiento" y, por otro, "de fondos de la Generalitat concedidos al Consistorio". Como tercera opción, abre la puerta a subvenciones futuras "que atiendan a la misma necesidad y en las que el Ayuntamiento de San Vicente pueda ser beneficiario directo".
El Ayuntamiento dispone de seis viviendas de emergencia social, la cuales están destinadas a aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar su domicilio habitual y precisan de un alojamiento inmediato y provisional. Todas las viviendas disponibles se cederán amuebladas, con los servicios de agua y luz y los electrodomésticos esenciales para poder ser habitadas de forma inmediata.
La adjudicación de una de estas viviendas es de carácter temporal, sin poder prolongar la estancia más allá de seis meses. Finalizado el plazo, el derecho a la ocupación cesará automáticamente. En caso de existir motivos que justifiquen la necesidad -y mediante informe favorable de servicios sociales-, la estancia podrá ampliarse un máximo de seis meses más.