VALÈNCIA. (EP). El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de ERC encarcelados desde el pasado 2 de noviembre han remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si bien afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, aunque las defenderán por "las vías del diálogo y la negociación".
En el escrito presentado al nuevo instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en la que están imputados los antiguos miembros del Govern, la defensa de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa asegura que todos "aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica" y que "no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña".
Eso sí, los exconsejeros recuerdan que "ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva", y en el caso de que "en el futuro" volvieran a ostentar algún cargo público "están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación".
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará este lunes una vista para deliberar sobre los recursos presentados por el exvicepresidente del gobierno catalán Oriol Junqueras y los otros siete exconsejeros en prisión desde el pasado 2 de noviembre por su implicación en el proceso de desconexión de Cataluña que culminó con la declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán el pasado 27 de octubre.
Según informan fuentes jurídicas, los cinco magistrados que integran esta sección decidirán sobre los recursos presentados por los ocho exmiembros del Govern los días posteriores a su ingreso en prisión decretado por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por los delitos de rebelión, sedición y malversación.
En sus recursos, los investigados pidieron a la Audiencia Nacional que valorara para su puesta en libertad que "son candidatos potenciales a las elecciones y que si estuvieran privados de libertad tendrían una participación muy activa en la campaña electoral" de los comicios catalanes del 21 de diciembre.
La misma Sección estudiará este viernes los recursos presentados contra el auto de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 por el que admitía a trámite la querella de la Fiscalía General del Estado contra los exmiembros del Govern.
En ese auto, con fecha de 31 de octubre, la juez se declaraba competente para instruir el caso y decidía incorporar*esta investigación, como pieza separada, a la causa por sedición que ella misma dirigía contra el exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero, la intendente Teresa Laplana y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
Estos últimos permanecen en prisión provisional por los hechos que se investigan, relativos a los incidentes que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre durante los registros a miembros del Govern por la celebración del referéndum ilegal.
Al igual que el Ministerio Público, la magistrada aseguró en su auto que los querellados intentaban "dar una apariencia de legalidad a las etapas del proceso de desconexión", amparándose especialmente en la actuación de los movimientos populares, ya que el objetivo era crear en la ciudadanía "un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas que justificara la desobediencia de la sociedad".
La Audiencia Nacional tiene que pronunciarse sobre los recursos interpuestos por los acusados pese a que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena acumulará todas las causas judiciales relacionadas con el 'procés' a excepción de la que se sigue contra Trapero, que continuará instruyendo la magistrada Lamela.
Por ese motivo los exconsellers que permanecen en prisión están centrando su estrategia en solicitar al alto tribunal su excarcelación y así lo están reflejando en sendos escritos que están presentado este mismo martes ante el magistrado Llarena.