Josep Maria Cataluña (segundo por la izquierda), durante su comparecencia. Foto: VPEl exresponsable de Finanzas del PSPV reconoce que cortaba las llamadas con imputados de 'Brugal' cuando le pedían cosas, para que no le grabaran
VALÈNCIA. La sesión de este martes de la comisión de investigación de Les Corts que trata de dilucidar las responsabilidades políticas de la presunta financiación en B del PSPV y el Bloc comenzó mal. Las primeras comparecientes hicieron oídos sordos a las citaciones y no asistieron. En el caso de la exempleada de Crespo Gomar Lucía Pascual Canet, su actitud es reiterativa, pues tampoco asistió cuando le citó el Senado a otra comisión de investigación. La otra ausencia fue la de la exalcaldesa popular de Dénia Ana Kringe.
Sí acudió la tercera persona citada, el exsecretario de Administración y Finanzas del PSPV, Josep Maria Cataluña, que tuvo un duro enfrentamiento con el diputado del PPCV Rubén Ibáñez. Entre las perlas que dejó la comparecencia de Cataluña estuvo la acusación al PPCV de haber fabricado pruebas contra el PSPV para tapar sus propias miserias en materia de corrupción. El socialista aseguró que "es muy fácil de manipular la documentación que no es original. Es una manipulación perfecta para decir que con las sentencias que nos van a caer a partir de abril tendremos que poner una trinchera. Pero tendrán que traer camiones con ladrillos para construir una trinchera tan alta que oculte eso".
Preguntado y apretado por el diputado popular, Cataluña reconoció que en las conversaciones en las que aparece en el sumario del caso Brugal, una con un empresario que solicitaba un favor con la Confederación Hidrográfica, y la otra con el también empresario y condenado en el caso Gürtel Enrique Ortíz, cuando éstos le pedían algo "colgaba porque sabía que podían tener el teléfono pinchado".
Todo ello después de haber reconocido lo siguiente: "Sí, yo era un facilitador de contactos, pero sin cobrar", porque "cuando había alguna empresa que tenía que competir fuera de la Comunitat o dentro, le ayudábamos a conseguir entrevistas con los dirigentes, alcaldes etcétera. Yo era una persona que se encargaba de que las empresas pudieran despachar con los dirigentes. Cuando entré en Bancaja (fue consejero) todavía más".
En referencia a la documentación que implica a su partido, y a él mismo, agregó que "cuando uno ve el calendario judicial que les espera a los del PP en 2018 y las consecuencias jurídicas le pasan el tema al señor Ciscar".
Y contó que "circula hace tiempo que hay un persona que tiene documentación que puede hundir al PSPV y Compromís, y Morera dijo que le habían intentado extorsionar para conseguir resultados políticos. ¿Si lo tenían tan claro cómo dejaron que prescribiera? Pasa porque hay una estrategia que hay que llenar el capazo de argumentarios y acciones para contrarrestar temas tan importantes como la sentencia que se cargó un gobierno en Madrid".
El tono socarrón de la comparecencia fue la tónica dominante. De hecho, hasta hizo broma sobre si hubiera sido cierta la financiación en B diciendo: "Si esto existiera realmente, vaya ‘burrera’ que la primera vez que se hace se hiciera así y no de una forma mejor".
Sobre la documentación que Cataluña afirmó que el PPCV había creado, Rubén Ibáñez le leyó un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional en el que se decía que era posible dicha financiación basándose en la documentación en entredicho. Ibáñez le preguntó si le daba credibilidad a la UDEF, y Cataluña contestó que "la Policía dice algo pero conmigo no ha hablado nadie de la Policía Nacional. Yo respeto a las instituciones y le doy credibilidad a la Policía Nacional". Una afirmación que contradecía lo anteriormente dicho por él.
El exempleado de la empresa bajo sospecha Crespo Gomar, José Ramón Tiller, pasó sin pena ni gloria por la comisión de investigación. De hecho, tan solo tuvo palabras más gruesas para el popular Rubén Ibáñez. José Ramón Tiller ha criticado que se haya intentado vender a la empresa Crespo Gomar como "un chiringuito", cuando en el momento en el que él entró a trabajar allí, en noviembre de 2007, era "una empresa líder en la comunicación en la Comunitat Valenciana.
A Ibáñez le dijo tras ser preguntado por la credibilidad de las resoluciones policiales y judiciales, que le sitúan en el centro de la presunta trama como el punto de unión entre la empresa y las adjudicaciones, que: "no he leído las resoluciones judiciales, ni de lo que dice nadie, pero me extraña que todo se haya montado sobre fotocopias con tachaduras, pero me extraña que se abra un procedimiento con fotocopias. Y también me extraña más que piensen que una empresa que lo ha perdido todo se dedicara a financiar partidos políticos. Mientras yo estuve allí no vi nada irregular".
Y añadió: "que piense alguien que una empresa que despide al 80 por ciento de los trabajadores y que pierden todo el patrimonio financiaba a partidos políticos es extraterrestre, no tiene sentido y es un montaje político".
De hecho, lo más interesante de la intervención fue la monumental bronca entre el PSPV y el PP a colación de la lectura por parte de Ibáñez de la parte del sumario que habla de presunta financiación irregular. De hecho, se llegó a decir que si seguía por ese camino se atuviera a las consecuencias, a lo que el PP preguntó si les estaban amenazando.
