Jorge Lamparero. VPVALÈNCIA (VP/EP). La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos años de prisión y siete de inhabilitación al exjefe de área de Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente Francisco Segura y al empresario Rafael Parra, por licitar contratos ficticios para la realización de informes durante los años 2008 a 2010, que se pagaron y no se realizaron.
El tercer acusado, el exdirector general de Cambio Climático de la Conselleria de Medio Ambiente Jorge Lamparero (PP), para quien la Fiscalía solicitaba nueve años de prisión, ha sido absuelto de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad, ya que la Sala entiende que desconocía que el procedimiento de contratación se realizó de forma irregular.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Sala les considera culpables de los delitos de prevaricación y malversación y les absuelve de un delito de falsedad. A ambos les impone además un indemnización de más de 20.400 euros que deberán abonar a la Generalitat valenciana.
Segura estaba bajo la dirección de Lamparero en la Conselleria y, la Fiscalía consideraba que ambos decidieron favorecer a través de contrataciones ficticias a la empresa Asesores Económicos Públicos SL, que estaba controlada por Rafael Parra. Sin embargo, la Audiencia Provincial considera que Lamparero no estaba al tanto de estas irregularides.
Se les acusaba de contratar fraudulentamente a Asesores Económicos en 2008 sin publicidad ni concurrencia para una asistencia técnica en el proyecto Perspectivas de la Administración Local en el desarrollo de la Ley 2/2006 por 12.000 euros. Segura certificó la realidad de los trabajos pese a que no se habían confeccionado.
Un año más tarde, en 2009, con la misma "intención fraudulenta", se intentó simular una contratación públicas a pesar de que estaba adjudicado el contrato a Asesores Económicos. De esta manera, se invitó a la asociación sin ánimo de lucro Academia Valenciana de Juristas, controlada por Sancho Sempere, que mantenía una relación de amistad y colaboración con Parra, y a otra mercantil para que ofertasen una propuesta. "Nada de ello respondía a una verdadera y real contratación pública", afirmaba el fiscal. Y el importe de estos trabajos ascendió a 20.416 euros.
Con esta dinámica, unos meses más tarde Asesores Económicos emitió otra factura por 8.152 euros por 'Revisión y contraste de la Legislación en otras autonomías en materia de actividades calificadas', certificando Segura haberse realizado el trabajo pese a que no se entregó ningún informe ni documento escrito que lo avalase.
Finalmente, la empresa facturó en 2010 un total de 8.151 euros bajo el concepto 'Elaboración de actividades realizadas entorno a las perspectivas de la Administración Local de la Ley 2/2006', y como en las otras ocasiones, Segura certificó la elaboración del trabajo pese a su inexistencia. Y se firmó la orden de pago por Lamparero. El total de la cantidad distraída a la Generalitat ascendió a 48.719 euros.
