VALÈNCIA. El presidente del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Enrique Soriano, y la directora general de À Punt, Empar Marco, declararán el día 20 de junio por la querella presentada por el PP por un presunto delito de prevaricación por unos supuestos contratos irregulares.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 1 de Paterna los ha citado a las 10.00 horas después de admitir a trámite la querella presentada por el grupo parlamentario popular por la presunta contratación irregular en À Punt de la empresa de un exconcejal del PSPV-PSOE.

En el auto al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado explica que admite la querella "pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delito de prevaricación" y da un plazo de 15 días al ente autonómico para remitir los expedientes de varios contratos.

En concreto, le solicita el contrato de fecha 28 de junio de 2017 con la empresa Mediterráneo Media Enterteinment para la producción de la serie "La Tramuntana" por el que según la querella se abonó un importe de 1,3 millones de euros. Una adjudicación que se realizó "sin ninguna clase de procedimiento público abierto a la concurrencia competitiva (procedimiento abierto) ni tampoco procedimiento sin publicidad en el que existiese una negociación previa sobre el precio y características del servicio (procedimiento negociado), por lo que la tramitación que se le da es la propia de un contrato menor", según consta en la denuncia.

Igualmente, le requiere los expedientes de 10 contratos menores suscritos en 2017 y 2018.

El juzgado también ha reclamado a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y a la Sociedad Anónima de medios de Comunicación de la Comunitat Valenciana los relativos a la contratación de César Martí (director de contenidos y programación), José Manuel García Duarte (director de explotación e ingenería) y Remei Blasco (directora de informativos).

Según explicó el diputado del PP Jorge Bellver cuando la querella fue admitida a trámite, su denuncia iba enfocada, entre otros contratos, a la adjudicación a una empresa de un exconcejal socialista del Ayuntamiento de Benifaió, por un montante de 1,3 millones y que se presentó como contrato menor, con lo que no requiere aval.

Además, se refiere a contratos menores de servicios, entre ellos, contratar a personal por un importe de 5.995 euros, "a sabiendas" de que a partir de 6.000 euros se requiere pedir tres ofertas, según Bellver.