MADRID (EFE). El debate de la corrupción, omnipresente en los últimos años en la arena política, ha bajado aparentemente de intensidad en estas elecciones municipales, aunque un repaso a las listas muestran que no son pocos los candidatos que todavía tienen cuentas pendientes con la justicia.
A las tradicionales imputaciones por tráfico de influencias, malversación o delitos urbanísticos, se unen en estos comicios candidatos investigados en Cataluña por el 1-O.
La judicialización del "procés" no ha impedido que los implicados se presenten a las elecciones. Al margen de la azarosa candidatura de Carles Puigdemont y de los dos exconselleres huidos para las europeas, el exconseller de Interior Joaquim Forn, en prisión preventiva en Soto del Real (Madrid) y juzgado en el Tribunal Supremo por rebelión, aspira a la alcaldía de Barcelona como cabeza de lista de JxCat.
Pero no todos los problemas con la justicia en Cataluña tienen que ver con el proceso independentista. El alcalde de Tarragona y candidato del PSC a la reelección, Josep Fèlix Ballesteros, es investigado por el caso Inipro, de presunto desvío de fondos de los servicios sociales municipales hacia el partido.
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga desde el año 2000, ha decidido mantener en su lista para las municipales a dos concejales investigados por presuntas injerencias políticas para dejar caducar expedientes sancionadores urbanísticos en el caso "Villas del Arenal".
La Fiscalía les acusa de prevaricación y tráfico de influencias en el caso y Ciudadanos dio por roto en febrero el pacto de investidura que había permitido al PP gobernar en minoría estos cuatro años por la negativa del alcalde a destituir a estos ediles. Pero De la Torre ha decidido apostar de nuevo por ellos.
Mucho más radical ha sido la candidata del PP a la alcaldía de Valencia, María José Catalá, que el pasado abril comunicó a los diez concejales populares del grupo municipal, nueve de ellos investigados por presunto blanqueo y uno por los patrocinios de la emprea pública del Aeropuerto de Castellón, que no estarían en la lista de su candidatura.
La investigación del caso Imelsa, en el que se investiga una presunta trama de corrupción en varias administraciones públicas valencianas, en la que supuestamente se cobraban "mordidas" a cambio de adjudicaciones fraudulentas, salpicó de lleno a los concejales populares, que fueron llamados a declarar por un supuesto delito de blanqueo al haber realizado donaciones de mil euros al partido que les fueron devueltas, supuestamente, en billetes.
Investigado en el "caso Alquería" por supuestos delitos de prevaricación y malversación, el expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha decidido intentar mantener la vara de mando en la localidad con el partido La Vall Ens Uneix, después de que el PSPV-PSOE decidiera apartarlo de sus listas. Ha pedido comprensión a sus excompañeros socialistas; la confianza de la gente le "obliga" a seguir adelante.
El exsecretario general de los socialistas gallegos Pachi Vázquez también fundó nuevo partido -Espazo Común- tras su salida del PSdeG y con él se presenta a las municipales para intentar hacerse de nuevo con alcaldía de O Carballiño, uno de los principales núcleos poblacionales de la provincia de Ourense.
Vázquez es investigado por un presunto delito de prevaricación continuada por varios contratos realizados durante su etapa como regidor de la localidad (de 1995 a 2005), pero está convencido de que "ese tema va a salir bien" y de que Carballiño "está por encima de eso".
Ángel Vadillo, alcalde desde 1995 de Alburquerque, una localidad de alrededor de 5.000 habitantes de la provincia de Badajoz, no será finamente el candidato socialista.
Condenado a dos años y seis meses de prisión e inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena por un delito de obstrucción a la justicia en concurso con uno de amenazas, fue indultado parcialmente por el Gobierno el pasado febrero. Pero el PP acudió a los tribunales y un juzgado de lo contencioso administrativo de Badajoz determinó que el indulto sólo se circunscribía a la pena privativa de libertad, pero no a la inhabilitación.
En la localidad alcarreña de Torija, con menos de 1.400 habitantes, el PSOE ha tachado de incomprensible que IU presente como cabeza de lista a Rafael Domínguez, investigado pendiente de juicio.
El Ayuntamiento abrió un expediente para la retirada de vehículos que podían estar abandonados en la vía pública y el ahora candidato, como teniente alcalde, sin concluir el trámite, contrató una grúa y llevó los coches a un desguace. La investigación se inició tras la denuncia de un particular al que se le retiró al vehículo y, con posterioridad, el Ayuntamiento se personó en la causa. Piden que se le juzgue por presunta apropiación indebida y cohecho.
El mes pasado el PP de Murcia inició el procedimiento para "la expulsión inmediata del partido" de su candidato a la alcaldía de Librilla, Francisco Alcón, por, presuntamente, haberse ofrecido a pagar una multa a un vecino a cambio de votos.
En Madrid, La Fiscalía ha incoado diligencias de investigación a la alcaldesa de La Acebeda (65 habitantes) por presunto delito electoral, al empadronar y desempadronar supuestamente a algunos de sus vecinos pocos días antes de las municipales. Rosa García obtuvo el cargo en las listas del PP, pero se presenta por Ciudadanos en esta ocasión.