Hacienda da un toque a las empresas públicas

VALÈNCIA. La Conselleria de Hacienda continúa marcando en corto a las empresas públicas para que cumplan escrupulosamente la legalidad. La Dirección General del sector público ha solicitado esta semana a sus respectivos responsables que justifiquen con un informe las medidas que han llevado a cabo para resolver las deficiencias detectadas por la Intervención, en caso de haberlas.

El requerimiento de información, que se ha enviado a todas las sociedades, supone al mismo tiempo toda una advertencia para sus gestores, ya que se produce justo en los días en los que las sociedades están formulando sus cuentas de 2016, el primer ejercicio completo desde que cambió el Consell.

En los informes, solicitados por carta a cada uno de los directores generales, deberán incluir las decisiones adoptadas para cumplir con las recomendaciones y salvedades reflejadas en las auditorías financiera y legal de 2015.

En esos informes de fiscalización financiera se detectaron decenas de incumplimientos. Por ejemplo, los auditores de Vaersa, Cacsa y Circuito del Motor incluyeron salvedades en sus informes. Lo mismo que con el Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS), el IVAM, Culturarts, el EIGE y el Ivace.

Más grave fue el caso de Sociedad Protectos Temáticos y dos de sus sociedades dependientes, Ciudad de la Luz y Aerocas, en las que el auditor directamente se negó a firmar las cuentas.

En cuanto al cumplimiento de la legalidad, se advirtieron problemas en materia de personal o contratación en Aerocas, Ciegsa, Ciudad de la Luz, Circuito del Motor, Cacsa, Vaersa, SPT, el IVAM, Culturarts, FGV, Ivace, EIGE o la Epsar.

No es la primera advertencia que los responsables de las empresas incumplidoras han recibido en los últimos meses. Tal y como pubñicó este periódico, la propia Intervención de la Generalitat se dirigió meses atrás a la Conselleria de Hacienda para alertar de que había varias empresas públicas que no han corregido los incumplimientos detectados en sus últimas auditorias.

Por ello, dado que parte de esos incumplimientos genera un quebranto económico para las arcas públicas, le instaba a adoptar medidas contra sus responsables.

Previamente la viceintervención había pedido a los gestores de Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC), Culturarts, Consorcio Hospital Provincial de Castellón, Sociedad Proyectos Temáticos (SPT), la Fundación Palau de Les Arts, Fisabio o Aerocas que explicasen qué habían hecho para resolver las irregularidades reflejadas en las auditorías de cumplimiento de la legalidad de las empresas y fundaciones públicas en 2015.

En muchos casos, esas recomendaciones tienen que ver con las medidas a adoptar para recuperar indemnizaciones que las empresas abonaron de más a directivos o trabajadores despedidos en los ejercicios anteriores y con la no publicación de las relaciones de puestos de trabajo, tal y como estaban obligadas a hacer.

Según alerta la Intervención, la inacción de los gestores de las empresas públicas con incumplimientos puede generar un perjuicio económico las sociedades.

Es el caso, por ejemplo, de las reclamaciones por indemnizaciones de despido, en las que el plazo para reclamar la devolución del dinero abonado de más prescribe transcurrido un año. En estas situaciones, la Ley 1/2015, de 6 de febrero, prevé que se les pueda exigir a los responsables una indemnización para reparar el perjuicio generado.

Los incumplimientos salariales no son un hecho aislado en el sector público valenciano. Al contrario, según las últimas auditorías de cumplimiento de la legalidad en el sector público elaboradas por la Intervención sobre el ejercicio 2015, al menos otras siete sociedades mercantiles presentan este tipo de irregularidades.

Se trata de Ciegsa, Cacsa, Circuito del Motor, Vaersa, Aerocas y Ciudad de la Luz. Estas dos últimas dependen de Sociedad Proyectos Temáticos (SPT).

La SPT es precisamente una de las firmas que sí han tomado medidas. Su consejo de administración reclamó el pasado mes de septiembre la devolución de 15.000 euros a tres exempleados, el equivalente a la parte de salario que excedía la norma para un año, ya que lo cobrado con anterioridad había prescrito.

No obstante, los trabajadores recurrieron y los juzgados de lo social de Alicante les dieron la razón, por lo que la Conselleria de Hacienda tuvo que crear un complemento de garantía personal transitorio y absorbible para estos empleados ante la imposibilidad de bajarles automáticamente el sueldo para ajustarse a la legalidad.