VALÈNCIA. La Conselleria de Hacienda trata de reconducir la crisis abierta con UGT, el sindicato mayoritario en el sector público de la Generalitat, a cuenta de la reestructuración de las empresas públicas. Las discrepancias sobre la regulación de plantillas y salarios, que comenzaron a negociarse en una comisión creada por la administración hace tres meses, ha desembocado en una concentración de protesta convocada para el próximo 22 de junio a las puertas de la Conselleria que dirige Vicent Soler.
La medida es consecuencia del hartazgo acumulado por la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV (FeSP-UGT), por el bloqueo para sacar adelante la reestructuración de las empresas públicas, que acumula meses de retraso. El sindicato ha convocado la protesta para exigir la homologación de las condiciones laborales de los casi 6.000 trabajadores del sector público, así como el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y salarios actuales.
Según explicaron fuentes de la formación, la Conselleria de Hacienda ha reaccionado al anuncio de la protesta con una convocatoria para una próxima reunión de la comisión de diálogo social. Los sindicatos que forma parte de este órgano consultivo han sido citados para el próximo viernes 16, pocos días antes de la concentración pero con margen para abortar la protesta si se resuelve la crisis abierta entre las partes.
Tal y como ha venido publicando Valencia Plaza, los delegados del sindicato en las diferentes empresas públicas están celebrando asambleas para actuar de forma coordinada ante el "ninguneo" del Consell en la negociación para la reforma del sector público. La formación lamenta, además, que la comisión que se constituyó para tratar la situación en la que quedarán los empleados públicos "no está cumpliendo con el cometido de regulación del personal".
Uno de los elementos clave que sigue bloqueado es la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de cinco sociedades públicas: CulturArts, IVAM, IVACE, EIGE y Vaersa. A pesar de que el TSJ dio la razón a UGT en noviembre y concedió dos meses a la Conselleria de Hacienda para desvelar los detalles sobre trabajadores, salarios y forma de acceso de las plantillas, la sentencia sigue sin ejecutarse en todos los casos excepto en el de Eige.
De hecho, la FeSP-UGT ha presentado una queja ante el TSJ de la Comunitat para que se ejecute la sentencia.
El motivo por el que siguen sin aprobarse son las discrepancias que ha planteado a última hora la dirección general de Presupuestos para dar por buenas las RPT planteadas por las empresas a pesar de que previamente habían superado el filtro de la dirección general de Sector Público.
Por ese motivo, FeSP-UGT ha pedido en la comisión de negociación que que la Conselleria de Hacienda designe a un representante de cada una de estas direcciones generales en la mesa de negociación de cada empresa para evitar bloqueos posteriores. El sindicato, además, ha propuesto que la negociación se lleve a cabo de forma secuencial, esto es, empresa por empresa para ir cerrando acuerdos definitivos, pero Hacienda no ha respondido.
Los delegados de la FeSP-UGT en el sector público achacan la ausencia de resultados en la negociación a una falta de "voluntad política". "Hay un malestar generalizado en todas las entidades respecto al abandono que estamos sufriendo del actual gobierno. Da la sensación de que no quieren resolver la situación de los más de 5.000 empleados del sector público", lamenta el sindicato.
Ambas formaciones comparecen en mitad del debate dentro del hemiciclo sobre las enmiendas a la totalidad de la ley de Concordia para anunciar parcialmente su plan de trabajo de, inicialmente, 18 meses