Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Hacienda fue la conselleria con más informaciones pendientes de publicar en 2017, según consta en un informe de Transparencia sobre el cumplimiento de las obligaciones de difusión de información de la Ley de Transparencia. El documento, que analiza una muestra de 19 puntos de los más de 800 que engloba la ley, señala que la conselleria de Vicent Soler tenía 13 puntos pendientes de publicar tanto en GVA Oberta como en la web de su conselleria a finales del pasado año, seguida por Presidencia con 7, mientras que el resto oscilan entre 3 y 4.
El conseller Manuel Alcaraz, quien presentó este miércoles el informe en un desayuno en la Conselleria de Transparencia, recordó que Hacienda fue la conselleria con más documentos pendientes por la mayor carga de trabajo. Sin embargo, ocurrió en 2017 un hecho poco usual, y fue el gran retraso en la publicación de algunas empresas públicas y de las auditorias de cumplimiento y operativas de una decena de organismos relativas a 2016. Al término del informe, 15 entidades no tenían publicados estos informes de auditorías, a las que luego sumaba otras 23 contando universidades, empresas públicas o fundaciones.
Estas, que deberían haberse publicado sobre el mes de septiembre, se han ido colgando en su web por goteo, algunas de ellas incluso el pasado mes y otras ni siquiera se han publicado. Los inspectores de Transparencia también señalan entre los incumplimientos de Hacienda la necesidad de publicar de forma mensual los informes de morosidad tanto de la Generalitat como del sector público. Otra de las informaciones ausentes son el inventario de bienes inmuebles, además del número de vehículos disponibles.
En el caso de Presidencia, una de las apreciaciones incluidas en el informe es que se debería publicar el coste de las campañas de publicidad y de promoción institucional, desglosando los medios de comunicación empleados, el importe destinado a cada medio y el coste de los diferentes conceptos, al menos una vez al año. En este documento también deberían especificar los criterios utilizados para realizar la distribución y el periodo de ejecución.
En Justicia, entre los incumplimientos se encuentra la no publicación de las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afectan a los empleados de la administración pública y al personal de la administración de Justicia, mientras que en Educación también falta la publicación sobre el inventario de bienes o los informes de compatibilidad de altos cargos.
Otra de las apreciaciones que se repiten de forma continua entre las consellerias es la publicación actualizada de las normas que están en proceso de elaboración, como el grado de cumplimiento de planos y programas anuales y plurianuales, valorándose y midiéndose. De hecho, desde Transparencia hilan fino, e incluso piden que en la información referente a viajes y desplazamientos se especifique el transporte utilizado.
Entre las recomendaciones generales del informe se encuentra, en primer lugar, definir las funciones que corresponden a las unidades de transparencia -que se encuentran dentro de cada Conselleria- y facilitarles una información adecuada. También reforzar la coordinación entre estas, ya que cada una tiene un criterio de publicación diferente.
Por otro lado han de fijar un procedimiento de seguimiento del cumplimiento de la obligación de suministrar la información y su actualización que afecte a todas las consellerias. Además, designar un departamento que coordine las actuaciones en materia de transparencia del Sector Público Instrumental, teniendo en cuenta que no existe.
En el caso de la información relativa a los altos cargos, el informe señala que casi el 80% de las observaciones hacen referencia a la información que se publica, pero que deberían de ser completadas, observaciones que afectan a todas las consellerias. De hecho, el informe llama la atención sobre que el 20% de las observaciones realizadas hacen referencia a la necesidad de completar la información publicada y el 25% a falta de actualización.
También hay observaciones generales donde se insiste en la obligación de publicar los planes estratégicos de subvenciones, la relación actualizada de las normas en proceso de elaboración o la relación de personal que haya sido autorizado a compatibilizar sus actividades con su labor en la administración.
