con España como único país por encima del 10%
El paro de la OCDE se mantuvo en septiembre en el 4,9%
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VALÈNCIA (EFE). El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, considera necesario prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con un esquema similar al actual a la vista de que va a llegar el verano sin haberse cumplido las previsiones iniciales de vacunación.
"Si el ritmo de vacunación fuera como planteábamos que iba a pasar, pero no como está siendo, y hubiéramos llegado al verano, sería interesante ver cómo promovemos que las empresas abran", señala el presidente de la patronal en una entrevista con Efe.
El líder de la CEOE explica que "si seguimos en la misma situación -de retraso en el ritmo de vacunación- y en el verano, tristemente, no somos capaces de llegar a tener abierto el sector servicios deberíamos seguir trabajando en la línea en la que están los ERTE ahora".
Para Garamendi, el esquema actual de los ERTE debe mantenerse hasta que se consiga el "efecto inmunidad" y, en todo caso, este sistema de protección debe durar hasta "el final del tiempo de las restricciones por la pandemia, al menos hasta diciembre, que se está demostrando que es lo que va a pasar".
El retraso en la vacunación ha sido "un fallo de Europa", que es la que ha gestionado la compra de la vacuna, dice, aunque la responsabilidad es de todas las administraciones intervinientes, por lo que critica que este asunto "se utilice como un arma política".
"La vacunación está siendo lenta, primero por esa compra de vacunas y, luego, por la confusión sobre si funciona" la desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca, con la cual, asegura, él ha sido vacunado.
Sobre si es necesario prorrogar el estado de alarma, el presidente de la CEOE no quiere manifestarse, lo que sí pide es una "homogeneización" de las restricciones a la movilidad porque hay un Estado, diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas que toman decisiones distintas "y nos deja a todos bastante despistados".
"A las empresas nos sorprende, es un poco liante, unas normas en un sitio y otras en otro, cuando estamos viendo que de una manera u otra las cosas van parecidas", apostilla.
Preguntado por las últimas propuestas de reforma del sistema de pensiones anunciadas esta semana por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el líder de los empresarios considera necesario que se presenten primero a los agentes sociales.
Así, subraya que la "discreción" y el trabajo en la mesa de diálogo social son necesarios para llegar a acuerdos, porque "no me gusta valorar muchas cosas cuando me las encuentro antes en la prensa que en la mesa. Me gusta hablar del diálogo social y no del monólogo social".
Una de las propuestas del ministro dirigidas a acercar la edad real de jubilación (64,5 años) a la edad legal (66 años) pasa por prohibir la jubilación forzosa, es decir, por permitir al trabajador no tener que jubilarse llegada la edad legal aunque tenga acceso a su pensión completa, algo que recogen así muchos convenios colectivos.
La jubilación forzosa fue un punto de acuerdo entre patronal y sindicatos en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en el que "tanto sindicatos como empresarios vimos que era necesario (...), que es bueno que haya esa edad de jubilación".
"Me lo tiene que explicar", dice Garamendi, para después recordar que "tenemos que pensar qué va a pasar con la gente de 30 años, más del 40 % en paro, y con los nuevos empleos" en los que la digitalización condiciona y la gente joven está más preparada de forma natural.
Respecto a la renovación del AENC, que recoge la recomendación de patronal y sindicatos en materia salarial y que caducó en 2020, el presidente de la CEOE señala que no tiene inconveniente en sentarse a negociar, pero que éste "es un año complicado en el que no toca hablar de salarios sino de ver cómo incorporamos a la gente de los ERTE o se crea empleo".
Y para ello, ve necesario aprovechar los fondos europeos que son "una oportunidad importantísima para España, el segundo Plan Marsall", pero que requieren de una buena fiscalización y que están condicionados a la realización de reformas estructurales, como "la eficiencia del Estado, la dualidad del mercado laboral o la formación".
"Europa no plantea la reforma laboral que plantea una parte del Gobierno o los sindicatos; pide cambios respecto a las políticas activas de empleo", o para "ver cómo se arregla" la elevada temporalidad que, no obstante, también abunda en la Administración, apunta.
En la mesa de diálogo social en materia laboral "queremos hablar de toda la reforma laboral, no de un trocito", dice, al tiempo que deja claro que, si bien "respeta la legitimidad del Gobierno de hacer los cambios que tenga que hacer, tiene la libertad de poder decir si está de acuerdo o no".