Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Probablemente nadie esperaba que, a estas alturas de la pandemia y tras un tenso verano, fuera una fiesta ibicenca la que generara el brote más grande de covid de toda la Comunitat Valenciana. Pero sí, la concentración de decenas de universitarios en la azotea del Colegio Mayor Galileo Galilei hace casi una semana ha emborronado considerablemente la contención que la sociedad valenciana estaba haciendo del virus.
Este lunes, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, desvelaba los primeros datos acerca de las casi 700 pruebas PCR que se realizaron el pasado viernes en la Universitat Politècnica de València (UPV) -donde se encuentra la residencia- ante la aparición de los primeros estudiantes con síntomas. Lo hacía un día después de anunciar el rectorado que dejarían de impartir clases presenciales en el Campus de Vera ante el alto número de positivos. Desde entonces, el número de perjudicados no ha parado de crecer.
Este encuentro en el centro de gestión privada, al que acudió un número elevado de jóvenes sin respetar las medidas de seguridad como la distancia, el uso de la mascarilla o la prohibición de fumar, ha derivado en una complicada situación que, según el director-gerente del Galileo Galilei, no escapa a lo que ocurre en otras residencias, pisos de estudiantes o en la calle. Sin embargo, el impacto de este hecho no tiene precedentes en los meses de pandemia que lleva la autonomía cuestas.
120 positivos de las primeras 411 PCR que han derivado en más de 20.000 perjudicados, desde los miles de alumnos de la UPV que no pueden asistir a clase por el momento a las medidas quirúrgicas en han tomado en otras universidades al ser el Colegio Mayor Galileo Galilei residencia de alumnos de otros centros. Como ya apuntaba este lunes Valencia Plaza, la Cardenal Herrera - CEU mandaba a casa a 93 alumnos de dos clases que se han visto afectadas por los positivos de un alumno de Medicina y de otro de Veterinaria y que también erann residentes del Colegio Mayor.
Mientras, aunque la Universitat de València mantenía su actividad normal a priori, varios profesores de la Facultad de Farmacia de la Universitat de València decidían este lunes suspender las clases presenciales al conocer que, al menos una estudiante de esta carrera que asistió a la fiesta, habría dado positivo. Una situación agravada con que la joven no era residente del Colegio Mayor y habría sido avisada más tarde, alargando su asistencia a prácticamente toda la semana.
A todas estas restricciones se suma la suspensión de las prácticas de las carreras de Ciencias en el sistema de salud pública y privado de la provincia de Valencia del 6 al 16 de octubre. "Los contagios afectan a una mayoría de las universidades tanto públicas como privadas dado que hay estudiantes de la residencia que cursan sus estudios en otra universidad", recordaba Barceló.
Uno de cada cinco pruebas, positiva
Aunque la consellera de Sanidad dejó el corte de análisis en 411 pruebas PCR, este diario pudo saber al cierre de la edición que un total de 499 pruebas ya habían dado negativo, mientras el número de positivos se incrementaba ligeramente hasta 121. De las negativas, 81 pertenecían al brote en el grado de Biotecnología que dio la voz de alarma para iniciar el cribado masivo. Esto supone que uno de cada cinco pruebas, por el momento, ha dado positiva a falta de conocer el resultado de algo más de 60 pruebas.
Ante la situación, Universidades pedirá a la de Conselleria de Justicia que inicie una investigación sobre lo sucedido y valorar posibles sanciones. Mientas, desde la UPV apuntaban al inicio de los trámites administrativos correspondientes en base al código de convivencia. "Vamos a iniciar unos expedientes informativos para aquellos estudiantes que no se han comportado como ese código de convivencia indica y que pone en riesgo al resto de compañeros", apuntaba el rector, Francisco Mora.
Ante la situación, Barceló anunciaba un confinamiento voluntario de todo el colegio mayor, para la que se solicitará la ratificación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) al tratarse de un colectivo de personas no identificadas individualmente. Esa resolución, que ya está firmada, entrará en vigor cuando se publique y tendrá una duración de ocho días naturales, precisaba la consellera.
El confinamiento voluntario, aclaraba Barceló, responde a una modificación aprobada el 18 de septiembre de la Ley 3/2020, en el que se estableció que en el caso de que se quisiera aislar a "un colectivo de personas no identificadas individualmente", "se podía proceder a este confinamiento y sería el Tribunal Superior quien ratificaría o no" el mismo.
En ese sentido, si algún alumno incumpliera el confinamiento voluntario, el colegio mayor tendría que comunicarlo para entonces "pedir al Tribunal que esta persona en concreto quede confinada" y se haría en ese momento una "solicitud individualizada" para un confinamiento obligatorio.
Barceló recordaba que la decisión de sustituir la actividad docente presencial de la UPV por la formación telemática se ha dado con el objetivo de "proteger al alumnado y los docentes mientras concluye el estudio de casos y se pueda determinar el alcance del brote". Sobre cuándo podrán volver los estudiantes a las aulas, espera que "cuanto antes". Será en el momento en que se haya identificado a qué clase y carrera pertenece cada positivo.
La consellera detallaba que, una vez se tengan los resultados de todas las PCR realizadas, se rastreará a qué aulas, carreras y facultades asisten los estudiantes que han arrojado resultados positivos, para realizar un cribado de salas concretas y determinan qué otras aulas y facultades pueden funcionar "con normalidad". En este sentido, negaba que se haya aplicado algún tipo de baremo para la suspensión de clases, sino que "cuando un número de personas han dado positivo, estudiantes que pueden estar en distintos cursos, se toma la decisión".
En todo caso, ante el temor a que la situación se replique, la consellera anunciaba que se pondrá en marcha un protocolo que se remitirá a las universidades, residencias y colegios mayores. En este sentido, señalaba que los rectores se han mostrado "muy colaboradores" y mantendrán reuniones con los colegios mayores para "insistir en la necesidad de que esos protocolos se cumplan".
