VALÈNCIA. Fumata blanca para tramitar la Ley de Función Pública. Tras dos semanas de negociaciones, PSPV y Compromís cerraron este miércoles el texto definitivo de esta normativa donde se determina quién desarrollará finalmente el requisito lingüístico en el futuro reglamento que acompañará a esta ley. Una cuestión que había bloqueado esta norma desde que comenzó a redactarse en 2016 a pesar de las constantes demandas de los sindicatos.
El nuevo redactado acordado por el Consell que incluye la ley establece en su disposición final tercera que en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma, el Ejecutivo valenciano aprobará "a propuesta de la conselleria competente en materia de función pública -la que dirige Gabriela Bravo (PSPV)-, la disposición reglamentaria que regule la acreditación del nivel de los conocimientos de valenciano en el ámbito del empleo público de la Comunitat Valenciana". Eso sí, previamente deberá contar con un informe favorable de la Dirección General de Política Lingüística que ocupa Rubén Trenzano (Compromís).
De esta manera, Compromís no formará parte de la comisión que desarrolle reglamentariamente la norma como había solicitado, pero sí será necesario su visto bueno para que se valide la regulación que precise la "dureza" con la que se aplicará el conocimiento del valenciano a todos aquellos que aspiren a ocupar una plaza en la administración pública valenciana. Aunque todavía falta por definir negro sobre blanco, fuentes del Consell aseguran que se respetará que sea un "requisito" (lo que pedía Compromís), pero también que su aplicación será "proporcional" (la pretensión del PSPV).
Un acuerdo por el que está previsto que la ley pase por la reunión de los secretarios autonómicos y subsecretarios del Gobierno valenciano de este jueves -el denominado Consellet- para que el Ejecutivo del Botànic II pueda aprobar el anteproyecto en el pleno de este viernes.
La tramitación de esta ley quedó paralizada hace dos semanas en la reunión del consellet tras la falta de entendimiento entre la Conselleria de Justicia de Bravo y el departamento de Educación que dirige Vicent Marzà, con competencias en política lingüística, por la participación de Compromís en la elaboración del reglamento que acompañará a la Ley de Función Pública y que debe definir cómo se aplicará el requisito lingüístico a los empleados públicos.
Desde Compromís explicaron que se solicitó participar en su elaboración junto a Justicia, dado que son ellos los cuentan con la competencia en esta materia, y el requerimiento no fue aceptado por los socialistas. Por lo que ante la negativa, los valencianistas propusieron que, si no participaban en su elaboración, "al menos fuera necesario un informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Política Lingüística para desarrollar el decreto". La fórmula por la que finalmente se ha optado.
Los socialistas, por su parte, justificaban sin embargo que Compromís estaba tratando de imponer quienes serían los integrantes de esa comisión que redactará el reglamento. Algo que la UTE electoral integrada por Bloc, Iniciativa y VerdsEquo desmintió. Tras el rifirrafe, la portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, aseguró en una rueda de prensa tras el pleno del Consell que el proyecto de Ley de Función Pública se aprobaría "sin mayor dificultad" en cuanto se resolvieran unos "flecos técnicos" porque no existía "ningún conflicto de fondo" con la norma.
En cualquier caso, las fuerzas del Botànic llegaron finalmente este miércoles, después de un fin de semana de retiro en Dénia y Xàbia, a un acuerdo. Previsiblemente este viernes la ley comenzará su tramitación.
La ley, eso sí, presenta cambios significativos respecto a la que se registró en la legislatura pasada u que terminó en un cajón. No en vano, el anteproyecto de ley que se pactó en 2017 contemplaba que en el plazo de seis meses se aprobaría un reglamento para regular la aplicación del requisito lingüístico.
Sin embargo, Compromís no terminaba de fiarse de que este fuera a desarrollarse en el plazo estipulado e incluyó a última hora un redactado a modo de salvaguarda que precisaba que si transcurrido un año de la entrada en vigor de la ley no se hubiera aprobado este reglamento, el requisito se aplicaría de forma automática. Incluso, fijaba una tabla con los niveles exigidos que deberían acreditar: en el caso de las escalas más altas de la Administración (A1, A2 y B) se exigiría un certificado C1, el antiguo Grau Mitjà; en el siguiente nivel de funcionarios, el C1, querían que se exigiera el B2, un nivel intermedio entre el Mitjà y el Elemental que no existía en los grados anteriores; y en la escala básica de la Generalitat se contemplaría el nivel B1 de conocimiento, el Grado Elemental.
Sin embargo, el Consell Jurídic Consultiu (CJC), en su dictamen, consideró que el plazo de seis meses para la aprobación del reglamento y la previsión de un año ante un posible incumplimiento era una "incoherencia" y una contradicción jurídica, por lo que instaba a "unificar" los plazos. Con esto, ahora el Consell se da el plazo de un año para validar el reglamento y no seis meses como previó anteriormente.