FOTO: EVA MÁÑEZ VALÈNCIA. (EFE) El expresident de la Generalitat Francisco Camps vaticinó en julio de 2009 que le restaban "uno o dos escaloncitos" para superar los problemas judiciales en los que todavía hoy, doce años después, sigue inmerso, aunque cada vez con una perspectiva menos complicada.
Aquel verano de 2009 Camps acababa de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana había apreciado "indicios racionales" de delito de cohecho en la adquisición de unas prendas de vestir que, según sospechaba la policía, pudieron haber sido pagadas por Orange Market.
En una intervención en el Ayuntamiento de Algemesí y en valenciano, Camps afirmó que "queden uno o dos escalonets, i entonces tota esta qüestió tan extranya, estrafalaria i absurda haurà passat al passat".
Nada más lejos de lo presagiado por Camps en aquel momento, dos años después esta misma causa judicial le llevaría a dimitir y a afrontar el primer juicio con jurado popular a un aforado en España; proceso en el cual fue declarado no culpable (enero de 2012) pero que lejos de restituir su figura política, solo supuso el inicio de un largo peregrinaje judicial en el que ha afrontado un total de cinco imputaciones.
Los vínculos del expresident con los actores principales del caso Gürtel dieron pie a nuevas imputaciones por los contratos realizados para la visita del Papa a València en 2006 y por las supuestas irregularidades en la contratación del expositor de la Comunitat en Fitur 2009.
También ha afrontado dos imputaciones relacionadas con la Fórmula 1 que su Gobierno trajo a València entre 2008 y 2012; una por los contratos para la construcción de ese circuito urbano y otra por el supuesto aval que el Ejecutivo valenciano brindó a la empresa organizadora.
Tras la absolución en el asunto de los trajes, el archivo de la causa de los contratos de la Fórmula 1 y el reciente sobreseimiento de la causa por los contratos para la visita del papa, actualmente el expresident solo mantiene dos frentes abiertos.
El primero en la Audiencia Nacional porque el juez sostiene que Camps dio indicaciones a la ex directora general de promoción institucional Dora Ibars para favorecer a la trama Gürtel con la contratación de Orange Market en el montaje del expositor en Fitur por un coste de 366.529 euros.
En esta causa, que tiene su origen en los testimonios de algunos acusados, como Álvaro Pérez el Bigotes y el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, la Fiscalía Anticorrupción pidió 2 años y 6 meses de cárcel e inhabilitación para cargo público durante 10 años para el expresident por delitos de prevaricación y fraude.
La segunda de las causas que sigue viva contra el expresident es la que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia por el aval a la empresa Valmor, promotora de los primeros grandes premios, si bien la Fiscalía ha solicitado ya el archivo y hasta la propia Intervención de la Generalitat ha admitido que no hubo delito en dicho aval.
En el marco de esta causa está pendiente la declaración, el próximo 25 de mayo, de la directora general de la Abogacía de la Generalitat, cuya comparecencia solicitó la defensa de Camps.
Además de estas cinco causas, en las que se ha investigado la labor de Camps al frente del Ejecutivo valenciano, hubo otras en las que, o bien el juez instructor o bien la Fiscalía solicitaron su imputación aunque finalmente sin éxito.
Fue el caso de las investigaciones por los delitos electorales del PP valenciano entre 2007 y 2011, el caso Nóos, la contratación de Santiago Calatrava para el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón o la contratación de las pantallas para la visita del papa, un asunto que se juzgó en la Audiencia Nacional.
