El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, durante el congreso del PPCV. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La semana está siendo agitada para la recientemente reelegida presidenta del PPCV, Isabel Bonig. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 presentados por el Gobierno central de Mariano Rajoy que vuelven a dejar a la Comunitat a la cola de España en inversiones y las turbulencias emanadas del todavía no convocado congreso provincial de Valencia han elevado la tensión en la formación popular.
Así, el PP de Les Corts que lidera Bonig decidió sumarse el miércoles a la declaración en la cámara contra la "marginación" de la Comunitat Valenciana en los citados PGE que firmaron todos los grupos parlamentarios. Una decisión que tendrá un siguiente examen con la convocatoria de cara al próximo 25 de abril impulsada por el portavoz de Compromís, Fran Ferri, para reunir a todos los parlamentarios nacionales y autonómicos valencianos con la intención de buscar unidad y soluciones conjuntas a unas cuentas que implican que los valencianos sean los que menos euros por cápita reciben en inversiones.
El gesto de los populares valencianos no ha agradado en Madrid. Prueba de ello fueron las palabras del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien consideró este jueves que su compañera Bonig se había sumado a la declaración institucional de Les Corts porque "no conoce bien los Presupuestos". "Ahora, que tendrá oportunidad de conocerlos mejor, espero que cambie de opinión", afirmó. Mientras, los populares valencianos han anunciado enmiendas a las cuentas.
De hecho, tras estas declaraciones Hernando, fuentes regionales del PPCV, señalaban a Valencia Plaza que a pesar de haberse sumado a la declaración en Les Corts esto no implicaría "romper con la disciplina de voto" aunque las cuentas estatales "evidentemente no han gustado". Y añadían: "Como tampoco nos gustó no tener ningún miembro en el Gobierno. De esto hemos aprendido que no pasa nada por decir que algo no nos agrada. Isabel Bonig ha demostrado ser valiente cuando le toca defender los intereses valencianos".
No obstante, otros dirigentes del PP, especialmente algunos cargos institucionales, sí han sabido apresurarse a defender las cuentas diseñadas por el Gobierno de Rajoy. Es el caso del delegado del Gobierno y exconseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, quien se ha mostrado muy activo en la defensa de los PGE del Ejecutivo central y que ayer acusó al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de "abanderar un discurso victimista de queja". Un recado que, obviamente, también le enviaba por extensión a su jefa de filas Isabel Bonig y al grupo parlamentario popular que ha firmado la declaración contra las cuentas.
Un discurso respaldado por otros dirigentes como el diputado nacional José María Chiquillo, quien hacía pedagogía de la defensa de las cuentas en grupos de whatsapp internos de Valencia ciudad, al igual que el senador Pedro Agramunt quien también ha respaldado las cuentas en esos foros. Curiosamente, dos dirigentes que han mostrado simpatía por el presidente provincial de Valencia, Vicente Betoret, mientras que Bonig se inclina en privado por la aspirante a ocupar su puesto, Mari Carmen Contelles, portavoz de la Diputación.
También el presidente de la Diputación de Alicante, el 'popular' César Sánchez, criticó el miércoles que "algunos" están realizando una visión "dramática" sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la provincia de Alicante y recalcó, en contraposición, estar "molesto" con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por lo que consideró como una falta de inversiones autonómicas en la provincia.
En esta línea, Sánchez defendió las cuentas presentadas por el Gobierno central y enfatizó que se trata de unas cuentas "para seis meses" porque "lamentablemente" se han producido "dificultades" para la estabilidad política para "en tiempo y forma" tener los presupuestos "cuando tocan". Este jueves, el presidente de la Diputación afeó a los partidos de la oposición en la institución que no votaran a favor de una moción del PSPV, enmendada por el PP, para exigir más inversiones para la provincia por parte del Ejecutivo central y autonómico.
