Fotos: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Carlos Fornes es abogado especializado en derecho sanitario y presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, creada hace más un año. Fornés, hijo del pediatra valenciano y expresidente de la Organización Médica Colegial de España José Fornés, defiende la necesidad de una organización de este tipo como foro de encuentro para profundizar en la especialización de los profesionales del ámbito jurídico.
Entre sus principales puntos a combatir se encuentra el desconocimiento de los profesionales sobre consentimiento informado y el aumento de los agresiones. El 28 y 29 de septiembre se celebrará el I Congreso de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana al que tanto la Conselleria de Sanidad como de Justicia han mostrado su respaldo.
- Hace ya más de un año que se creó la Asociación de Derecho Sanitario. ¿Qué hitos se han conseguido desde que se impulsó?
- Hicimos una primera jornada de Derecho Sanitario en el Palacio de Colomina, con quien tenemos un convenio, pero sobre todo el primer punto que destacaría es la aceptación que ha tenido en todos los profesionales del sector y a nivel colegial. La misión es generar conocimiento y ser foto de opinión, que nos vean como un interlocutor de cara a la administración.
Nos hemos recorrido todos los hospitales de la sanidad privada y de la concertada hablando sobre el consentimiento informado porque de la pública, a pesar de que enviamos una petición al subsecretario de Sanidad por carta no recibimos respuesta. Ahora, con el congreso que celebraremos en septiembre, es posible que empiece un contacto para cumplir nuestro propósito que es disminuir las reclamaciones en la sanidad, algo de lo que nos vamos a beneficiar todos.
- ¿Por qué tipo de problemas acuden los profesionales a la Asociación de Derecho Sanitario?
- Nos llamen por tema de agresiones, por ejemplo. Nos ven como un foro donde les podemos resolver problemas que no les resuelve nadie. Hace unos días llamó un médico de València para preguntar sobre si debía darle la historia clínica a un paciente que se la había pedido, cuando son cuestiones básicas.
Hasta las cuestiones básicas, porque eso es un derecho reconocido del paciente el tener acceso a su historia clínica, me estaba preguntando si dárselo o no. Si se llegaran a los parámetros mínimos de conocimiento, podríamos reducir en gran medida las reclamaciones.
- Cuando un socio se apunta, ¿qué le aporta?
- Aunque llevamos un año estamos en los inicios pero me da la sensación de que este congreso va a ser un punto de inflexión. Vamos a establecer un sistema para que estén informados de toda la jurisprudencia, todas las sentencias que les puedan afectar de su especialidad, sobre agresiones.
Pero sobre todo queremos que tengan información práctica, sabiendo cómo están respondiendo los tribunales en el día a día. También queremos poner en marcha una pequeña revista jurídico sanitaria de carácter trimestral pero práctica como que tengan que prestar servicio a un testigo de Jehová o que una persona les pida la historia clínica de un menor.
- Organizan el primer Congreso de Derecho Sanitario en la Comunitat Valenciana. ¿Qué se va a tratar?
- Queremos que sea un congreso práctico. A éste vendrá Alicia Millán, quien juzga a la sanidad pública de la Comunitat Valenciana como presidenta de la sección segunda del Tribunal Superior de Justicia. Ella tiene una visión de cómo está en la actualidad al responsabilidad patrimonial de la administración.
Por otro lado, el consentimiento informado para lo que tenemos dos ponentes. Una magistrada de la audiencia provincial y que es especialista en consentimiento informado, que es María Ibáñez. Y luego una abogada especialista.
- ¿Y cómo está la responsabilidad patrimonial de la administración?
- En la Comunitat solo hay una póliza de seguro que cubre la responsabilidad civil -lo que se puede indemnizar- de un procedimiento penal. Si hay una condena por responsabilidad civil en un proceso civil la condena la pagamos todos los ciudadanos. Como haya tres o cuatro condenas al año pierden dinero. Por eso deberían tener más interés en formar en el consentimiento informado, para reducir las posibles condenas.
- ¿Han aumentado o disminuido las agresiones a profesionales sanitarios?
- Han aumentado y no todos se denuncian. La saturación urgencias, la presión asistencial, influyen muchos factores. Yo me he cansado de denunciarlo y desde mi despacho llevamos las agresiones de la sanidad pública y los últimos tres años las agresiones han ido subiendo proporcionalmente un 10-15% y no se toman medidas ni por parte de la administración ni de la gestión privada.
La mayoría de las agresiones se producen en los servicios de urgencias. Otra de las cosas que queremos tratar es que decirle al médico que salga y le diga algo al paciente porque falta comunicación.
- ¿Qué lo causa y cómo se podría atajar el incremento?
- La causa fundamental es el colapso del sistema. Está sobre saturado. Faltan más profesionales, el sistema está congestionado, es lo que lo provoca. No puede estar tres horas un paciente en urgencias esperando. La imagen de un hospital es el servicio de urgencias.
- ¿Por qué algunas aseguradoras se han salido del sector sanitario?
- Zurich se ha retirado y será algo que trataremos en el Congreso y es el nuevo baremo de accidentes de tráfico -el que tienen como referencia los jueces para el daño sanitario-, que triplica o cuadruplica las indemnizaciones. Esto supone triplicar las primas por lo que muchos médicos han decidido hacerse el segundo con la modalidad de franquicias. Los primeros 30.000 euros los pagos el médico, por ejemplo.
El juez no está obligado a aplicar este baremo, y es otro de los debates que queremos tratar ya que se utiliza el baremo de los accidentes de tráfico. Llevo oyendo los últimos 25 años oyendo que va a haber un baremo para las indemnizaciones sanitarias y todavía no ha llegado. El mercado de las compañías de seguro sanitario se ha quedado muy limitado.
Por ejemplo, el servicio murciano y andaluz de sanidad se quedaron desiertos. Vino IG pero puso las condiciones porque se prestaba en solitario y propuso el modelo de franquicia. Las compañías siempre pierden dinero con la sanidad pública.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, cuando condena por daño moral por un defecto de información, de 6.000 a 30.000 euros suele ser la condena que maneja. Pero es algo orientativo, lo suelen utilizar, aunque no siempre. Pero yo sí que estoy de acuerdo en que debería existir un baremo sanitario, sería más justo porque las lesiones de intervenciones jurídicas son muy específicas y se ajustaría más a la realidad. ¿A qué lo vas a asimilar de un accidente de tráfico?
