Fomento da los primeros pasos para la liberalizar la AP-1, el espejo en que se mira la AP-7

CASTELLÓN. El Ministerio de Fomento da los primeros pasos para liberalizar las autopistas que están a punto de concluir su concesión. De hecho, acaba de alcanzar un acuerdo con el grupo Itínere, que gestiona hasta el próximo 30 de noviembre la autopista AP-1 Burgos-Armiñón, para que siga ocupándose de su mantenimiento al menos durante seis meses más. Este es un paso previo antes de que, el citado día 30, concluya el contrato de concesión de la vía, se levante el peaje y revierta al Estado, han informado a Europa Press  fuentes de Fomento. Y esta es la vía en la que el propio ministro José Luis Ábalos, en su reciente visita a Castellón, señaló que debía mirarse la Autopista del Mediterráneo, AP-7, al apuntar textualmente: "El 30 de noviembre finaliza la concesión de la AP-1 en Burgos. Basta con observar qué va a pasar allí para ver lo que va a pasar en la AP-7".

El contrato para el mantenimiento de la autopista AP-1, a pesar de recaer en el mismo grupo que gestiona actualmente la vía y por la que cobra peaje, Itínere, va en el sentido de su apertura total al tráfico rodado. De hecho, este contrato temporal permitirá subrogar a 62 trabajadores de la autopista, el 55% del total de los 111 empleados con que contaba la vía. Para el resto, la mayor parte de los cuales son los 40 que se dedicaban directamente al cobro del peaje, Itínere ya tiene pactado un ERE con los sindicatos, detallaron fuentes sindicales. Así, con este acuerdo, el Departamento que dirige Ábalos solventa la necesidad de conservar la autopista mientras saca a concurso y resuelve el nuevo contrato de mantenimiento.

Según Fomento, el acuerdo con Itínere se materializará en un contrato que se tramitará por el procedimiento de urgencia y cuya duración inicial de seis meses será susceptible de ampliarse el periodo necesario hasta que esté listo el nuevo contrato. La AP-1 se convertirá así el próximo viernes 30 de noviembre en la primera autopista de España que cumple su periodo de concesión, levanta el peaje y vuelve a depender directamente del Estado.

De esta forma se cumple el compromiso manifestado por Ábalos cuando el pasado junio se puso al frente de Fomento, de no prorrogar las concesiones de autopistas que vencen esta legislatura. Además de la AP-1 y la AP-7 de Tarragona a Alicante, en estos años también concluye el contrato de la AP-4 Sevilla-Cadiz, gestionada, como el caso de la autopista que recorre la provincia de Castellón, por Abertis.

En el caso de la AP-1, ante la conclusión del contrato de concesión, su sociedad concesionaria, Europistas, propiedad del grupo Itínere, planteó a mediados del pasado mes de octubre un ERE de extinción para toda la plantilla de 111 trabajadores de la vía. El Ministerio de Fomento manifestó no obstante la intención de subrogar el mayor número de estos trabajadores posibles en el nuevo contrato de conservación.